La presión sobre la Comisión Europea ha subido un escalón. Un grupo amplio de editores, asociaciones tecnológicas y startups del bloque ha reclamado a Bruselas que cierre en los próximos días la investigación abierta contra Google por un supuesto trato preferente a sus propios servicios dentro del buscador.
El hecho confirmado es que la Comisión inició este caso el 25 de marzo de 2024 bajo la Ley de Mercados Digitales, la norma con la que la Unión Europea busca limitar el poder de las grandes plataformas que actúan como puertas de acceso obligadas para empresas y usuarios.
La investigación gira en torno a una acusación conocida desde hace años en Europa: que Google utiliza su posición dominante en las búsquedas para dar ventaja a productos y servicios de su propio ecosistema.
El debate llega en un momento en el que varias investigaciones han señalado que el ecosistema de búsqueda de Google está cambiando. Un análisis reciente sobre el Modo IA del buscador muestra que cada vez más enlaces dentro de estas respuestas dirigen al propio Google o a servicios como YouTube.
Para muchos actores europeos, esa práctica no es un problema abstracto de competencia, sino una desventaja directa en el mercado. La carta enviada a Ursula von der Leyen, Teresa Ribera y Henna Virkkunen sostiene que el retraso regulatorio está debilitando la rentabilidad de empresas europeas y reduciendo su capacidad para invertir, crecer o incluso sobrevivir.
Quienes firman no representan un único sector. Hay grupos de prensa, asociaciones de revistas, alianzas tecnológicas y organizaciones vinculadas a startups y servicios digitales. Visto en conjunto, el mensaje es que la preocupación no afecta solo a medios tradicionales, sino a una parte más amplia del ecosistema digital europeo que depende de una visibilidad razonable en internet para competir.
La DMA es clave en este conflicto porque fue diseñada precisamente para actuar con más rapidez que los viejos procesos antimonopolio. Los reguladores europeos habían dicho que estos expedientes debían cerrarse en torno a doce meses, y el hecho de que el caso siga abierto casi dos años después se ha convertido en parte del problema político.
Lo que los firmantes piden no es solo que la Comisión termine la investigación, sino que adopte una decisión formal de incumplimiento contra Alphabet. También reclaman una orden de cese y desistimiento y una multa con efecto disuasorio. Su argumento es que, si la aplicación de la norma se diluye por presión política o empresarial, la credibilidad del marco regulatorio europeo quedará dañada.
Google mantiene otra posición. La empresa niega favorecer sus propios servicios en las búsquedas online y, según Reuters, ha presentado varias propuestas a reguladores y rivales desde que fue acusada. Esas medidas, a juicio de sus críticos, no resuelven el problema de fondo. Ni Google ni la Comisión respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios citadas en la información.
El caso también se inserta en una disputa más amplia entre Bruselas y Washington. Cada vez que la Unión Europea endurece reglas sobre redes sociales, búsquedas o inteligencia artificial, reaparece el debate sobre si está frenando abusos de poder o castigando sobre todo a compañías estadounidenses con enorme peso global.
Para la Comisión, el dilema es delicado. Si actúa con firmeza, refuerza la idea de que la Ley de Mercados Digitales puede cambiar realmente las reglas del mercado. Si demora una resolución en un caso tan visible, alimenta la percepción de que la UE tiene normas ambiciosas pero dificultades para imponerlas frente a plataformas cuyo alcance económico y político rebasa con mucho las fronteras europeas.
