Javier Milei ha encontrado una nueva bandera para vender Argentina al mundo tecnológico: inteligencia artificial sin trabas, bajos impuestos y una legislación pensada para que empresas operadas por agentes de IA puedan instalarse con la menor fricción posible. La idea suena seductora en un país necesitado de inversión, empleo y dólares. Pero también abre una pregunta incómoda: ¿qué se está dispuesto a entregar a cambio?
El presidente argentino defiende que la IA necesita libertad para desarrollarse y que una regulación prematura puede matar la innovación antes de que nazca. No es un argumento absurdo. Muchos avances tecnológicos se frenan cuando los Estados regulan tarde, mal o con más miedo que conocimiento. El problema aparece cuando la desregulación deja de ser una herramienta prudente y se convierte en promesa política absoluta.
Argentina no parte de una posición cualquiera. Tiene talento técnico, energía, territorio, litio, capacidad científica y una necesidad urgente de atraer capital. En teoría, eso podría convertir al país en un punto atractivo para centros de datos, biotecnología, semiconductores, baterías, energías renovables y nuevos servicios digitales. El Súper RIGI apunta precisamente a eso: proyectos gigantes, de al menos 1.000 millones de dólares, en industrias que el país quiere desarrollar o directamente crear desde cero.
La pregunta no es si Argentina debe competir por esa inversión. Claro que debe hacerlo. La pregunta es si la mejor forma de competir es ofrecerse como el lugar donde las grandes tecnológicas pueden probar modelos, agentes autónomos, vigilancia algorítmica y sistemas de automatización con menos controles que en otros países.
Ahí está el punto delicado. Una política industrial moderna puede abrir puertas a la IA sin entregar el volante completo a Silicon Valley. Regular no significa prohibir. Regular significa definir responsabilidades, exigir auditorías, proteger datos personales, cuidar derechos laborales, establecer límites a la vigilancia y garantizar que los beneficios no se vayan todos en forma de rentas, exenciones y transferencia de información.
La propuesta de crear una figura jurídica para entidades operadas por agentes de IA o robots es, como mínimo, una idea que exige debate público serio. Si una empresa autónoma toma decisiones, firma operaciones, administra recursos o ejecuta acciones con impacto real, alguien debe responder cuando algo sale mal. La responsabilidad limitada puede facilitar inversión, pero también puede convertirse en una forma elegante de diluir daños.
La historia económica está llena de países que confundieron inversión extranjera con desarrollo. No todo capital que entra construye capacidad local. Un centro de datos puede mover cifras enormes y, aun así, generar poco empleo permanente, consumir mucha energía, requerir agua, importar la mayor parte de su tecnología y dejar al país con beneficios limitados si no hay condiciones claras.
El riesgo es que Argentina termine vendiendo barato lo que más valor tendrá en la próxima década: datos, energía, infraestructura digital y margen regulatorio. Las empresas de IA no buscan solo oficinas bonitas ni discursos libertarios. Buscan electricidad, estabilidad jurídica, beneficios fiscales, acceso a datos, baja conflictividad regulatoria y gobiernos dispuestos a permitir experimentos que quizá en otros lugares tendrían más resistencia.
Milei presenta la desregulación como una ruptura con décadas de estancamiento. Y es cierto que Argentina ha sufrido un exceso de burocracia, inestabilidad normativa y desconfianza económica que espantó inversiones. Pero el péndulo no tiene que irse al extremo contrario. Un país no se moderniza sustituyendo un laberinto de permisos por una alfombra roja sin semáforos.
La IA puede ayudar en salud, educación, ciencia, agricultura, industria y administración pública. También puede concentrar poder, precarizar trabajo, automatizar decisiones injustas, vigilar poblaciones y extraer datos sensibles a una escala que ningún Estado debería tratar con ingenuidad. Precisamente por eso, la discusión no puede quedarse en “regular sí” o “regular no”. La discusión real es quién controla la infraestructura, quién audita los modelos, quién conserva los datos y qué gana la sociedad argentina.
El vínculo del gobierno con grandes nombres tecnológicos aumenta esa preocupación. Reunirse con líderes de Google, Palantir u otros actores de Silicon Valley no es un problema por sí mismo. El problema es que esas conversaciones ocurran sin suficiente transparencia, mientras se promueve una arquitectura legal que promete menos controles a empresas capaces de gestionar cantidades enormes de información pública y privada.
Argentina tiene derecho a querer ser protagonista de la próxima ola tecnológica. Sería absurdo pedirle que mire desde afuera mientras otros países capturan la inversión en IA. Pero una cosa es abrir la puerta a la innovación y otra muy distinta es entregar el país como zona franca algorítmica.
La oportunidad existe. La IA puede traer capital, infraestructura y empleo especializado si se negocia bien. Pero si el precio es renunciar de antemano a reglas mínimas, auditorías, soberanía tecnológica y protección de derechos, entonces no hablamos de libertad para innovar. Hablamos de convertir la debilidad regulatoria en producto de exportación.
El futuro no se construye solo atrayendo empresas. Se construye decidiendo qué tipo de poder tendrán esas empresas dentro del país. Milei puede presentar la IA sin regulación como una invitación al progreso, pero Argentina debería preguntarse si quiere ser sede de la innovación o simplemente el laboratorio barato donde otros prueban el futuro.
