Las VPN entran en el debate europeo sobre verificación de edad y privacidad digital

Las redes privadas virtuales, conocidas como VPN, nacieron como herramientas para crear conexiones seguras entre un dispositivo e internet. Técnicamente, ocultan la dirección IP del usuario y cifran el tráfico de datos, lo que dificulta el rastreo por parte de proveedores de internet, anunciantes o posibles atacantes. En el ámbito empresarial permiten el trabajo remoto seguro; para usuarios individuales ofrecen una capa adicional de privacidad y protección frente a interceptaciones.

En los últimos meses, sin embargo, su papel ha cambiado en el debate público. Tras la entrada en vigor de normas de verificación de edad en países como el Reino Unido —donde el Online Safety Act obliga a los servicios digitales a impedir el acceso de menores a contenidos perjudiciales— el uso de VPN se disparó. Según datos citados en el ámbito parlamentario europeo, una de las aplicaciones registró un aumento del 1.800 % en descargas en el primer mes de aplicación de la ley, y varias VPN llegaron a situarse entre las aplicaciones gratuitas más descargadas en tiendas británicas.

El motivo es sencillo: al cambiar la IP y simular conexión desde otro país, los usuarios pueden sortear restricciones nacionales. En la práctica, las VPN se han convertido en una vía para evitar sistemas de verificación de edad implantados en plataformas de contenido para adultos o en determinadas redes sociales. Este fenómeno ha llevado a algunos responsables políticos a considerar que existe una laguna legal que debilita el objetivo de proteger a los menores.

Quienes defienden una regulación más estricta sostienen que, si las leyes exigen controles de edad a plataformas digitales, permitir el acceso irrestricto a VPN deja sin efecto esa obligación. Desde esta perspectiva, restringir el uso de VPN a adultos o imponer algún tipo de verificación sería una forma de cerrar el vacío normativo y reforzar la coherencia del sistema.

Frente a ello, organizaciones de privacidad y expertos en ciberseguridad advierten de las consecuencias. Obligar a identificar a los usuarios de VPN alteraría su función principal: ofrecer anonimato y cifrado. Muchos servicios se basan en modelos “sin registros”, es decir, diseñados para no almacenar datos de actividad. Exigir la conservación de metadatos o la comprobación de identidad supondría modificar su arquitectura técnica y podría debilitar la protección frente a espionaje, filtraciones o ataques.

El debate no se limita al ámbito nacional. En la Unión Europea, la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) incluye directrices sobre protección de menores, y la revisión de normas como el Cybersecurity Act podría introducir criterios adicionales relacionados con seguridad infantil. Aunque no existe aún una propuesta concreta que obligue a verificar la edad para usar VPN, los documentos y debates recientes muestran que estos servicios están bajo creciente escrutinio.

Restringir las VPN a mayores de edad implicaría establecer algún mecanismo de acreditación, ya sea mediante verificación documental o sistemas digitales interoperables. También podría obligar a los proveedores a conservar datos de conexión, como direcciones IP o registros de tráfico, para facilitar la labor de las autoridades. Estas medidas, según sus críticos, crearían nuevos puntos de riesgo y posibles vulnerabilidades de seguridad.

Por ahora, lo confirmado es el aumento del uso de VPN tras la implantación de controles de edad y la existencia de un debate político sobre su papel. Lo que está en estudio es hasta qué punto la regulación futura incluirá obligaciones específicas para estos servicios.

El conflicto de fondo es estructural. Las VPN son herramientas neutrales desde el punto de vista técnico: pueden servir para proteger comunicaciones legítimas o para eludir restricciones legales. La cuestión que se plantea en Europa es si deben seguir tratándose como instrumentos generales de privacidad o si, ante su uso creciente para sortear controles, se convertirán en un nuevo frente regulatorio dentro de la política digital europea.