Meta Platforms anunció este viernes que pondrá fin a la publicidad sobre temas políticos, electorales y sociales en Facebook e Instagram dentro de la Unión Europea a partir de principios de octubre. Culpa de la decisión a las incertidumbres legales generadas por las nuevas normas europeas sobre publicidad política, que entrarán en vigor el 10 de octubre.
La decisión de la empresa estadounidense se hace eco del anuncio similar realizado por Google en noviembre pasado. Ambas compañías rechazan las regulaciones de la UE destinadas a limitar su poder y exigir más responsabilidad y transparencia en sus plataformas digitales.
El Reglamento sobre Transparencia y Dirigido a la Publicidad Política fue impulsado por preocupaciones sobre desinformación e interferencia extranjera en las elecciones en el bloque de 27 países.
La norma exige que las grandes tecnológicas etiqueten claramente la publicidad política en sus plataformas, identifiquen quién la pagó, cuánto costó y a qué elecciones se dirige. El incumplimiento puede suponer multas de hasta el 6% de la facturación anual global.
En una publicación de blog, Meta declaró que "esta es una decisión difícil, que hemos tomado en respuesta a la nueva regulación de la UE". Sostiene que la nueva ley introduce desafíos operativos e incertidumbres legales para la compañía, perjudicando en última instancia a los ciudadanos europeos.
Meta defiende que los anuncios personalizados son fundamentales para una amplia gama de anunciantes, incluidos aquellos que participan en campañas para informar a los votantes sobre cuestiones sociales importantes que dan forma al debate público.
A su juicio, regulaciones como la TTPA socavan su capacidad para ofrecer estos servicios y afectan la eficacia de la difusión, así como "la capacidad de los votantes para acceder a información completa" sobre temas relevantes para las decisiones electorales.
Mientras tanto, la Comisión Europea investiga a Facebook e Instagram por su presunta incapacidad para abordar la desinformación y la publicidad engañosa antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
La investigación se enmarca en la Ley de Servicios Digitales, que exige a las grandes tecnológicas hacer más para contrarrestar el contenido ilegal y dañino.
Esta nueva legislación también establece multas de hasta el 6% de la facturación anual global para las empresas que no cumplan, creando un marco regulatorio más estricto para las plataformas digitales en territorio europeo.
TikTok, propiedad de ByteDance, también está en la mira de la UE por su presunto fracaso a la hora de abordar la interferencia electoral, especialmente en las elecciones presidenciales rumanas de noviembre pasado.
El caso muestra un patrón de enforcement más agresivo por parte de las autoridades europeas contra las grandes tecnológicas.
