El Reino Unido acaba de dar el paso más ambicioso del mundo contra las redes sociales en la infancia. El 15 de junio de 2026, el primer ministro Keir Starmer anunció en Downing Street que su gobierno prohibirá a los menores de 16 años usar las grandes plataformas, en una medida que, presumió, irá "más lejos que la de ningún otro país".
Lo llamó "una línea en la arena", con un mensaje directo a las tecnológicas: tuvieron su oportunidad y fracasaron, así que ahora interviene el Estado. Pero tras el titular contundente late la misma pregunta que persigue a todos los gobiernos que han intentado algo parecido: ¿se puede, de verdad, hacer cumplir?
Qué prohíbe y desde cuándo
La medida apunta a las plataformas que dominan la vida digital adolescente: Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Quedan fuera los servicios de mensajería como WhatsApp y Signal. El plan suma además restricciones a los chatbots de IA —los de "acompañamiento romántico" deberán ser solo para adultos— y límites a funciones de riesgo como las retransmisiones en directo o el contacto de desconocidos con menores.
Como en el modelo australiano, la responsabilidad de impedir el acceso recaerá sobre las plataformas, bajo amenaza de multas, y no sobre las familias. El gobierno aspira a aprobar la ley antes de Navidad para que entre en vigor en la primavera de 2027: hoy es un anuncio firme, pero todavía no una norma.
No surge de la nada. Una consulta nacional abierta a principios de 2026 arrojó un respaldo abrumador: más del 80 % de los padres consideró que los riesgos de las redes superan sus beneficios. A ese clima se sumó un golpe desde Estados Unidos, donde un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de diseñar productos adictivos y dañinos para los jóvenes, un fallo que podría sentar precedente.
La gran duda: ¿se puede cumplir?
Aquí está el punto débil, y Starmer lo sabe. Australia fue el primer país en imponer una prohibición así, en diciembre de 2025, y los primeros datos fueron descorazonadores: unos meses después, alrededor del 70 % de los padres reconocía que sus hijos seguían en las plataformas, esquivando la verificación de edad con VPN, cuentas nuevas o documentos ajenos.
El primer ministro respondió con una analogía: que un adolescente consiga beber alcohol no es razón para dejar de prohibírselo a los menores. El argumento es razonable, pero esquiva la dificultad real, que es técnica y de privacidad. Verificar la edad de millones de usuarios obliga a recopilar documentos, selfis o escaneos faciales de toda la población, y muchos expertos advierten de que el remedio puede crear un problema tan serio como el que pretende resolver.
Una ola global con una apuesta arriesgada
Lo que hace el Reino Unido no es un experimento aislado, sino el ejemplo más sonado de un movimiento que se extiende rápido. Francia ha aprobado un proyecto para vetar las redes a los menores de 15; Dinamarca, Canadá, Brasil e Indonesia preparan restricciones por edad, y el Parlamento Europeo ha pedido fijar los 16 años como límite por defecto en la Unión. Cada país ensaya su fórmula, y Londres se ha colocado en el extremo más duro.
De fondo hay una pregunta que marcará la década: quién debe proteger a los menores en internet. Durante años esa carga recayó en unos padres impotentes ante aplicaciones diseñadas para retener a sus hijos; ahora, por primera vez, un gran país se la coloca a las empresas. Prohibir es el gesto más visible y rentable, pero la lección que deja Australia —y que el Reino Unido tendrá que desmentir— es que un anuncio no equivale a una solución. De cómo recorra Londres el trecho que va hasta 2027 dependerá que el resto del mundo lo siga o aprenda de su fracaso.
