Stop Baterías Asturias protesta por la instalación de parques de litio cerca de viviendas

La convocatoria no es solo una protesta puntual. La plataforma ha elegido la sede parlamentaria asturiana como escenario de una movilización que busca situar el debate en el terreno político. Bajo el lema que reclama distancia entre las instalaciones y los núcleos habitados, los vecinos trasladan una inquietud que va más allá de un proyecto concreto: cuestionan cómo se está planificando el almacenamiento energético en el Principado.

Las baterías de litio son infraestructuras destinadas a almacenar electricidad, una pieza clave en la integración de energías renovables. Sin embargo, su implantación genera dudas cuando se proyectan cerca de viviendas o explotaciones agroganaderas. El propio Servicio de Evaluaciones Ambientales del Principado ha reconocido riesgos de incendio asociados a estos contenedores, lo que, según la plataforma, requiere una regulación específica más clara.

El malestar se agrava por la percepción de fragmentación institucional. Stop Baterías Asturias sostiene que las consejerías de Medio Ambiente e Industria se trasladan mutuamente la responsabilidad sobre las medidas de seguridad. Ese cruce administrativo deja a los vecinos con la sensación de que nadie asume de forma directa el control de los riesgos. Cuando la transición energética se percibe como un proceso sin una ventanilla clara de responsabilidad, la confianza pública se resiente.

Diez proyectos de instalación ya han obtenido autorización de construcción por parte del Principado, pese a estar planteados en entornos próximos a zonas habitadas. Esa cifra, más que un dato aislado, indica que la política de implantación avanza con rapidez. Para los críticos, el ritmo de las autorizaciones no ha ido acompañado de un marco regulatorio que despeje dudas sobre distancias mínimas, planes de emergencia o criterios homogéneos en todo el territorio.

A ello se suma la disparidad municipal. Mientras ayuntamientos como el de Gijón han limitado este tipo de instalaciones, en otros concejos como Siero los vecinos perciben mayor permisividad. Esa diferencia alimenta la idea de que la planificación territorial depende en exceso del criterio local, sin una estrategia coordinada a escala autonómica.

El resultado es una tensión clásica en la política energética contemporánea: la necesidad de desplegar infraestructuras para sostener la transición hacia energías más limpias frente a la exigencia de garantías de seguridad y ordenación del territorio. El almacenamiento energético es imprescindible para estabilizar la red, pero su aceptación social depende de reglas claras y coherentes.

La concentración frente a la Junta General refleja esa brecha. No es una oposición frontal a la transición energética, sino una demanda de mayor claridad normativa y de reparto explícito de responsabilidades. El desafío para el Principado será avanzar en el despliegue de parques de baterías sin generar la impresión de que el desarrollo industrial se impone sobre la seguridad y la planificación urbana. En un territorio donde conviven zonas rurales, explotaciones agroganaderas y núcleos urbanos, la gobernanza del almacenamiento energético se convierte en una prueba de equilibrio institucional.