El distrito Vicuña, ubicado entre Argentina y Chile, se ha convertido en uno de los proyectos mineros más relevantes para el futuro del cobre. La iniciativa reúne los depósitos Filo del Sol y Josemaría, gestionados por Vicuña Corp, una sociedad conjunta entre Lundin Mining y BHP.
Según el estudio técnico integrado presentado por Lundin Mining, el proyecto podría situarse entre las principales minas de cobre, oro y plata del mundo si avanza según lo previsto. La compañía plantea una operación de largo plazo, con una vida útil inicial superior a 70 años.
Las cifras explican el interés. El estudio proyecta una producción media anual de unas 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años completos de operación. En su etapa de mayor rendimiento, la producción de cobre podría superar las 500.000 toneladas anuales.
El desarrollo no se plantea de golpe, sino por etapas. La primera fase se centraría en Josemaría y en una planta concentradora inicial. Después llegaría el tratamiento de óxidos de Filo del Sol y, más adelante, la expansión para procesar sulfuros, junto con infraestructura adicional como desalación, ductos y transporte de concentrado.
Este enfoque escalonado busca reducir riesgos y permitir que parte del crecimiento futuro se financie con la propia operación. Aun así, el capital necesario es elevado. Solo la primera etapa se estima en 7.100 millones de dólares, mientras que las tres fases sumarían más de 18.000 millones antes de considerar todo el capital de sostenimiento durante la vida útil.
El proyecto también se apoya en recursos minerales de gran escala. Lundin Mining informó 14 millones de toneladas de cobre medido e indicado y 32 millones inferidas, además de importantes volúmenes de oro y plata. Pero este punto exige prudencia: una evaluación económica preliminar no equivale todavía a una reserva probada ni garantiza que todo el plan se concrete.
La ubicación añade otra capa de complejidad. Vicuña se desarrollaría en un entorno andino de alta montaña, con condiciones semiáridas y ecosistemas sensibles. El abastecimiento de agua aparece como uno de los factores críticos, con uso inicial de fuentes subterráneas y una futura planta desalinizadora en Chile para sostener la expansión.
También habrá presión sobre la infraestructura. El estudio contempla accesos viales, líneas eléctricas, transporte de concentrado hacia puertos chilenos y nuevas instalaciones industriales. En un proyecto binacional, cada avance dependerá no solo de ingeniería y financiación, sino también de permisos ambientales, coordinación regulatoria y relación con comunidades locales.
El atractivo económico es evidente. La empresa proyecta un valor actual neto después de impuestos de 9.500 millones de dólares en el escenario base y un flujo de caja libre anual promedio de 2.200 millones durante los primeros 25 años. También estima aportes fiscales relevantes para Argentina y beneficios industriales asociados en Chile.
Pero Vicuña no debe leerse solo como una promesa minera. Es un ejemplo de la tensión central de la transición energética: se necesita más cobre para electrificar la economía, pero extraerlo exige agua, energía, permisos, infraestructura y control ambiental en territorios frágiles.
La clave estará en si el proyecto logra convertir su escala geológica en una operación viable sin reducir el debate a grandes cifras de producción. En Vicuña, el desafío no es únicamente encontrar cobre, sino demostrar que puede desarrollarse con reglas claras, control ambiental y beneficios reales para ambos lados de la cordillera.
