Australia se convirtió en el laboratorio del mundo. En diciembre de 2025 fue el primer país en prohibir por completo las redes sociales a los menores de 16 años, y desde entonces decenas de gobiernos miran hacia allí para responder a una pregunta difícil: ¿se puede, de verdad, sacar a los adolescentes de las redes?
Seis meses después, la respuesta es incómoda. Millones de cuentas se cerraron de golpe, pero buena parte de los adolescentes ya ha vuelto. El experimento no ha fracasado, pero tampoco funciona como se prometía, y eso lo hace aún más valioso: una lección en tiempo real sobre los límites de prohibir.
La ley que abrió el camino
La norma australiana es tajante: las plataformas, no las familias, deben impedir que los menores de 16 tengan cuenta, bajo multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos. No hay excepción por permiso de los padres. Al entrar en vigor, unos 4,7 millones de cuentas de menores fueron desactivadas o bloqueadas.
El alcance es amplio pero no total. Afecta a una decena de plataformas —Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch—, y deja fuera servicios de menor riesgo como WhatsApp, Discord o Roblox. La idea es proteger la salud mental de los jóvenes; la ejecución es otra historia.
Por qué no termina de funcionar
El talón de Aquiles es la verificación de edad. Los menores usan VPN para fingir que se conectan desde otro país, rostros o documentos ajenos para engañar al reconocimiento facial y, sobre todo, abren cuentas nuevas que casi nadie vuelve a comprobar. Y cada método tiene un coste de privacidad: pedir un documento, un selfie o un escaneo facial a millones de usuarios obliga a recopilar datos sensibles y crea nuevos riesgos de filtraciones.
El problema, además, no es solo técnico, sino de voluntad. Meta empezó a cerrar cientos de miles de cuentas antes de la fecha límite, pero X tachó la medida de extralimitación, y muchos adolescentes cuentan que ninguna app llegó a pedirles la edad. La reguladora aplica la ley de forma "gradual" y ya investiga a varias plataformas, con una desconfianza de fondo: la sensación de que a las grandes tecnológicas les conviene que esto parezca un desastre para convencer al resto del mundo de no intentarlo.
El efecto dominó mundial
El modelo australiano ha encendido una mecha global. A finales de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que pide fijar en 16 años el límite por defecto en la UE, y a mediados de 2026 la mayoría de los Estados europeos estudia o tramita alguna restricción.
El mosaico es desigual. España apunta a prohibir las redes a los menores de 16; Francia, a los de 15; Dinamarca prepara un veto bajo los 15; Noruega lo liga al año de nacimiento, para que toda una promoción acceda a la vez. Fuera de Europa, Malasia ya bloquea el registro de menores de 16.
El último en sumarse ha sido el Reino Unido. Después de meses dudando entre prohibir o limitar, en junio de 2026 el primer ministro Keir Starmer anunció que también vetará las redes a los menores de 16, en lo que promete ser la prohibición más dura del mundo. La ola, lejos de frenarse, se acelera.
¿Prohibir o rediseñar?
Una corriente cree que la única medida a la altura es el veto tajante: si las redes dañan, hay que mantener fuera a los menores, como con el alcohol. La otra sostiene que prohibir es ineficaz y caro en privacidad, y que el esfuerzo debería ir a regular el producto: desactivar el scroll infinito y los algoritmos que enganchan, no levantar un muro que se salta en una tarde. El caso australiano alimenta a los dos bandos, pero casi todos coinciden en que el problema —el efecto de las redes en la salud mental juvenil— es real y urgente.
En el fondo, lo que se decide en Australia, Bruselas o Londres es quién carga con la responsabilidad de proteger a los menores en internet: las familias, los propios chicos o, por fin, las empresas que diseñan estas plataformas para enganchar. Prohibir es el gesto más visible y rentable, fácil de anunciar y de sonido contundente. Pero la enseñanza temprana de Australia es que un anuncio no es una solución, y que la frontera entre proteger a un adolescente y vigilarlo —a él y a todos— es más fina de lo que parece.
