California activa un sistema único para solicitar la eliminación de datos personales

Durante años, borrar los datos personales de internet fue más una idea tranquilizadora que una posibilidad real. En la práctica, implicaba rastrear empresas poco conocidas, rellenar formularios repetitivos y confiar en que alguien, en algún lugar, hiciera caso. En California, ese desgaste empieza a reducirse, aunque no desaparece del todo.

El estado ha puesto en marcha un sistema centralizado que permite a los residentes enviar una sola solicitud para exigir a los corredores de datos que eliminen su información personal. No se trata de una empresa concreta ni de una plataforma popular, sino de cientos de intermediarios que viven de recopilar, cruzar y vender datos sobre personas que, en la mayoría de los casos, nunca han oído hablar de ellos.

Hasta ahora, el derecho existía solo sobre el papel. Desde 2020, los californianos podían pedir que dejaran de recopilar o vender sus datos, pero hacerlo requería repetir el proceso con cada compañía. La nueva herramienta busca resolver justo ese cuello de botella: una petición, múltiples destinatarios, actuales y futuros.

El sistema funciona tras verificar que la persona vive en California. A partir de ahí, la solicitud se distribuye automáticamente entre los corredores de datos registrados en el estado. Es una diferencia importante: el usuario ya no tiene que saber quién tiene sus datos ni dónde buscarlos. El esfuerzo se traslada, al menos en parte, a las empresas.

Eso no significa que los datos desaparezcan de inmediato. Los corredores empezarán a procesar las solicitudes a partir de agosto de 2026 y tendrán un plazo amplio para responder. Si dicen no encontrar información suficiente para localizar los registros, el usuario puede enviar datos adicionales. El borrado no es automático ni instantáneo; sigue siendo un proceso administrativo.

Además, el alcance es limitado. La herramienta no obliga a las empresas a borrar los datos que ellas mismas recopilaron directamente, solo aquellos que compran o venden como intermediarios. Registros públicos, como matrículas o listas de votantes, quedan fuera. Y ciertos datos sensibles están cubiertos por otras leyes, no por este sistema.

Aun con esas limitaciones, el cambio es relevante. Los corredores de datos operan en segundo plano, alimentando publicidad dirigida, perfiles de riesgo y, en algunos casos, fraudes. Reducir su acceso a información personal puede traducirse en menos llamadas no deseadas, menos correos sospechosos y menor exposición al robo de identidad o a usos abusivos de inteligencia artificial.

También introduce un elemento de presión económica. Las empresas que no se registren o no cumplan con las solicitudes se enfrentan a multas diarias. No son cifras desorbitadas para grandes actores, pero sí una señal clara de que el estado está dispuesto a vigilar y sancionar, algo que hasta ahora había sido irregular.

El sistema refleja una idea que gana peso en la regulación digital: la responsabilidad no puede recaer solo en el individuo. Pedir a cada persona que defienda su privacidad una empresa a la vez es poco realista. Centralizar el proceso no elimina el problema de fondo, pero reduce la fricción y hace el derecho más usable.

Queda por ver cuán efectivo será en la práctica. Todo dependerá de cuántos corredores cumplan de verdad, de cómo se supervise el proceso y de si otros estados adoptan medidas similares. Por ahora, California vuelve a funcionar como laboratorio. No promete un borrado total del pasado digital, pero sí un primer intento serio de equilibrar la balanza entre ciudadanos y el mercado de los datos.