Los centros de datos de IA pusieron a prueba la red eléctrica en 2025

En 2025 se instaló una idea incómoda en la conversación energética: puedes estar cerrando la puerta al carbón y, a la vez, abriendo otra al gas por la vía de la informática. No porque la IA “quiera contaminar”, sino porque cuando la demanda eléctrica se dispara de golpe, el sistema reacciona con lo que conoce, y lo que conoce suele ser construir capacidad nueva lo más rápido posible. La pregunta que queda flotando es simple y muy doméstica: si esto sale mal, ¿quién paga la factura?

El año fue, sobre todo, el aterrizaje de una realidad que hasta hace poco sonaba abstracta. Las grandes tecnológicas están levantando una flota de centros de datos para alimentar modelos de IA y servicios digitales, y ese crecimiento empuja a las empresas eléctricas a gastar más en generación y redes. En algunas regiones ya se ha traducido en subidas de la factura de la luz en hogares, y eso cambia el tono: deja de ser un tema de “infraestructura para el futuro” y pasa a ser un problema del presente.

El choque no es solo por el volumen, sino por la velocidad. La transición hacia energía limpia funciona mejor cuando puedes planificar: cerrar una central, abrir otra, reforzar una línea, repartir costes. La IA, en cambio, pide potencia “ya”, y cuando el calendario aprieta, la tentación es recurrir a centrales fósiles porque son el atajo más conocido. Así, una expansión digital que se presenta como inevitable termina empujando inversiones que pueden frenar objetivos climáticos y cargar costes en el sistema eléctrico.

El contexto que suele contarse peor es el de la incertidumbre. Muchos de los centros de datos anunciados pueden no construirse nunca, o hacerlo más tarde, o en menor escala. Pero la red no se financia con “quizás”: si se aprueban centrales y refuerzos para atender una demanda que luego no llega, queda un riesgo de activos sobredimensionados, caros e innecesarios. Y en el mundo real, ese tipo de apuestas se suelen socializar: el usuario final termina pagando durante años infraestructura que nació de una previsión demasiado optimista.

Ante eso, 2025 dejó una reacción política intensa, aunque no necesariamente coordinada. Legisladores estatales consideraron 238 proyectos de ley vinculados a centros de datos, y aproximadamente la mitad se centró en el lado energético. Es el síntoma de que el debate ya no se limita a ingenieros y empresas: entra en el terreno de normas, permisos, reparto de costes y obligaciones. En paralelo, reguladores y operadores de red trabajaron en reglas para conectar estas instalaciones sin poner el sistema al límite.

Una idea ganó tracción por lo pragmática, no por lo bonita: permitir conexiones más rápidas si el centro de datos acepta ser “flexible” cuando la red está al máximo. En la práctica, significa comprometerse a reducir consumo en horas punta o a usar recursos propios —generadores o baterías— para no tirar de la red cuando más duele. Incluso la administración Trump empujó esa vía cuando el secretario de Energía, Chris Wright, pidió en octubre reglas federales que faciliten conexiones anticipadas a cambio de esa flexibilidad. El problema es que esta receta todavía no se ha probado a gran escala y tiene detractores que la ven poco realista con los mercados y marcos actuales.

Los propios gigantes tecnológicos han intentado tapar el flanco con compras masivas de energía “limpia” y acuerdos variados, desde geotermia hasta nuclear o hidroeléctrica. Google, por ejemplo, anunció acuerdos con dos empresas eléctricas para recortar consumo en periodos de alta demanda. Y aparecen movimientos más “de obra”: el desarrollador Aligned Data Centers dijo que financiaría una gran batería junto a una instalación en el noroeste del Pacífico para acelerar la puesta en marcha sin esperar a mejoras tradicionales de la red. Son señales de que la industria entiende el riesgo reputacional y regulatorio de ser vista como el nuevo gran devorador de electricidad.

El punto crítico es que nada de esto resuelve por sí solo el dilema central: el sistema eléctrico no está diseñado para crecimientos bruscos con tanta incertidumbre, y las reglas llegan tarde cuando el dinero ya está en juego. En 2026 se esperan más choques: suben las proyecciones de demanda, crece la oposición local a nuevos centros de datos y gana espacio la sospecha de que parte del boom de IA podría ser una burbuja. Si esa burbuja pincha, el debate dejará de ser “cómo alimentar la IA” y pasará a ser “qué hacemos con lo que construimos para ella”. Y esa es la clase de pregunta que, cuando llega, ya no se contesta con entusiasmo tecnológico, sino con política y recibos.