La presión política empieza a subir en torno a la energía eólica marina en Estados Unidos. Varios estados gobernados por demócratas han pedido formalmente a la administración de Donald Trump que desbloquee proyectos paralizados en la costa este, una decisión que consideran injustificada y políticamente motivada en un momento de alta tensión energética.
La petición llega después de que el Departamento del Interior ordenara la suspensión de cinco proyectos eólicos marinos alegando motivos de seguridad nacional. Para los gobernadores implicados —Nueva York, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island— esa explicación no se sostiene. Subrayan que los proyectos ya habían pasado revisiones federales exhaustivas y que ninguna agencia, incluido el Pentágono, había advertido previamente de riesgos nuevos.
El choque no es solo técnico, sino político. En su carta, los gobernadores apuntan directamente a la oposición personal de Trump a la energía eólica marina, una tecnología que el presidente ha criticado repetidamente por considerarla costosa, ineficiente y visualmente intrusiva. En ese contexto, la invocación repentina de la “seguridad nacional” es vista por los estados como una excusa para frenar un sector que no encaja con la agenda de la Casa Blanca.
La congelación supone un nuevo golpe para una industria que ya venía arrastrando retrasos, sobrecostes y revisiones constantes. Los proyectos afectados mueven miles de millones de dólares en inversión, empleos portuarios e infraestructuras locales, y su paralización genera incertidumbre no solo entre los desarrolladores, sino también entre los estados que han apostado por la eólica marina como pilar de su transición energética.
Más allá de estos cinco proyectos, la decisión se inscribe en una directiva más amplia del gobierno federal para suspender nuevas aprobaciones tanto de parques eólicos marinos como terrestres mientras se revisan los sistemas de permisos y arrendamientos. Esa revisión ha sido interpretada por el sector como una moratoria de facto, con efectos inmediatos en la planificación y la financiación.
El pulso institucional se complica además por el frente judicial. A principios de diciembre, un juez federal rechazó la decisión de la administración Trump de congelar todas las aprobaciones federales para nuevos proyectos eólicos, lo que introduce dudas sobre la solidez legal de las suspensiones actuales y abre la puerta a más litigios.
Por ahora, el gobierno federal no ha respondido oficialmente a la carta de los gobernadores. Lo que queda claro es que la eólica marina se ha convertido en un nuevo campo de batalla político, donde se cruzan intereses energéticos, disputas regulatorias y una visión enfrentada sobre el rumbo que debe tomar la transición energética en Estados Unidos.
