Un nuevo informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán por los Derechos Humanos advierte que Moscú ha reclutado al menos a 27.000 ciudadanos extranjeros desde febrero de 2022. Proceden de más de 130 países y, según la investigación, muchos terminan en unidades de alto riesgo con poca preparación militar.
El fenómeno golpea especialmente a países con fuertes dificultades económicas. En América Latina, Cuba y Colombia aparecen como los focos principales. No se trata solo de personas que viajan sabiendo que irán a una guerra. El informe describe un sistema mucho más turbio: ofertas laborales en redes sociales, intermediarios locales, contratos en ruso y traslados a bases militares una vez que los reclutas ya están en territorio ruso.
Ofertas de trabajo que terminan en el frente
En el caso cubano, las cifras citadas por la inteligencia ucraniana son especialmente altas. Cerca de 20.000 cubanos habrían integrado filas rusas, con una campaña de alistamiento que alcanzó su mayor intensidad entre julio y septiembre de 2023. Las promesas eran directas: salarios de hasta 3.000 euros mensuales, pagos únicos que podían llegar a 30.000 euros y trámites más rápidos para obtener la ciudadanía rusa.
El problema es que muchas de esas propuestas no se presentaban como reclutamiento militar. Según los testimonios recogidos, algunas ofertas hablaban de trabajos en construcción, logística o seguridad privada. Luego, al llegar a Rusia, los candidatos eran llevados a instalaciones militares y presionados para firmar documentos que no siempre entendían.
Cuba y Colombia, los focos principales
La investigación sostiene que esta práctica no es improvisada. Los autores hablan de estructuras estatales y cuasi estatales usadas para captar a poblaciones vulnerables en el extranjero. En su lectura, el patrón reúne elementos propios de la trata de personas, porque mezcla engaño, abuso de necesidad económica, traslado internacional y explotación en un contexto de guerra.
El riesgo para estos reclutas es enorme. De acuerdo con estimaciones ucranianas recogidas en el informe, el promedio de supervivencia tras el despliegue sería de apenas 150 días. La misma fuente apunta a que hasta uno de cada cinco combatientes extranjeros muere en el frente, y que casi la mitad de esas muertes ocurre durante los primeros cuatro meses.
Una red difícil de rastrear
Colombia aparece como el otro gran punto de preocupación en la región. Allí, el informe señala la existencia de intermediarios vinculados a redes de exmilitares que ofrecen supuestos empleos de seguridad en el extranjero. En algunos casos, los salarios prometidos rondan entre 2.200 y 2.500 euros al mes, con pagos iniciales cercanos a los 17.000 euros.
Para muchas familias, la historia empieza como una oportunidad laboral. Después cambia de forma. Los relatos recogidos por los investigadores describen contactos iniciales con supuestos reclutadores, viajes organizados hacia Rusia y una incorporación posterior a las fuerzas armadas rusas. No siempre queda claro desde el inicio que el destino final será una zona de combate.
La captación digital también preocupa. Redes como Facebook han servido para difundir anuncios en español dirigidos a personas con necesidad de ingresos. Esa puerta de entrada hace que el reclutamiento sea más difícil de rastrear, porque mezcla promesas laborales, mensajes privados e intermediarios que operan entre países.
La FIDH sostiene que Rusia ha construido un sistema global de reclutamiento que apunta a personas vulnerables en Asia, África y América Latina. La acusación es grave: no sería un flujo espontáneo de voluntarios extranjeros, sino una estrategia para alimentar el frente sin depender únicamente de la movilización interna rusa.
El informe pide a los gobiernos reforzar la vigilancia sobre estas redes, perseguir con mayor dureza el reclutamiento forzado y facilitar la repatriación de prisioneros de guerra. También advierte que el fenómeno podría seguir creciendo. Según Truth Hounds, Ucrania prevé que Rusia reclute en 2026 a más de 18.500 ciudadanos extranjeros, la cifra anual más alta desde el inicio de la invasión.
