México se suma al debate que recorre medio mundo. El 17 de junio de 2026, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el país necesita regular cuanto antes el uso de los smartphones y la inteligencia artificial entre niñas, niños y adolescentes. Y lo enmarcó con una palabra que cambia el tono de la conversación: salud pública.
Su argumento es que el uso excesivo y sin supervisión de las pantallas puede volverse una adicción, con efectos reales sobre el sueño, la concentración, la convivencia y la salud mental de los más jóvenes. "En muchos lugares del mundo ya lo catalogan como una adicción", señaló, "entonces es algo que tenemos que discutir socialmente".
Qué problema describe
Sheinbaum apoyó su diagnóstico en lo que ve en la calle. Durante sus giras por escuelas, contó, observó que muchos alumnos ya tienen móvil o consumen redes desde los seis u ocho años. Y soltó un dato contundente de sus propias encuestas a mano alzada: alrededor del 90 % de los estudiantes usa TikTok entre una y cuatro horas al día.
La presidenta apuntó no solo a las horas de pantalla, sino al diseño de las plataformas. Los algoritmos pensados para enganchar y la búsqueda constante de aprobación mediante "likes" y seguidores, dijo, alimentan la ansiedad y afectan el bienestar emocional de los menores. Según su gobierno, una encuesta a madres y padres mostró respaldo mayoritario a restringir el celular en las primarias.
El otro frente es la inteligencia artificial, y aquí el problema es de vacío legal. Sheinbaum citó un estudio entre cerca de 1,2 millones de universitarios y docentes con niveles altísimos de uso de IA generativa —se calcula que más del 60 % la usa a diario—, y recordó que en México no existe ninguna ley que regule esta tecnología. Su postura no es prohibirla, sino abrir el debate antes de que sea tarde.
La diferencia con Australia y Reino Unido
Aquí está lo que distingue el planteamiento mexicano. En los últimos meses, países como Australia o Reino Unido han optado por la vía dura: prohibir directamente las redes sociales a los menores de 16 años, con multas millonarias a las plataformas. Es el modelo que ha encendido la mecha en todo el mundo, de Canadá a Francia, España, Dinamarca o Malasia.
Sheinbaum, en cambio, dejó claro que México no va por ahí. No enviará una ley prohibicionista al estilo australiano, sino que quiere que cualquier regulación salga de un debate público amplio, con especialistas, autoridades educativas, docentes y familias. La idea no es levantar un muro de la noche a la mañana, sino construir reglas y hábitos —desde apagar las pantallas antes de dormir hasta recuperar la lectura— de forma consensuada.
El movimiento tiene sus riesgos, y la propia presidenta los anticipó: "Habrá quienes nos critiquen y digan que es censura, pero se trata de un asunto de salud pública". Y hay un matiz honesto que conviene no perder de vista: aunque parece haber consenso en que hay un problema, la comunidad científica todavía no se pone de acuerdo ni sobre la magnitud real del daño ni sobre si prohibir funciona de verdad.
Por eso la apuesta mexicana resulta interesante: en lugar de copiar el veto tajante que otros ya están viendo difícil de aplicar, plantea ir más despacio y debatir primero. Queda por ver si ese camino más prudente acaba en medidas con dientes o se queda en una buena intención. Pero la conversación, en México, acaba de empezar.
