El auge de la energía limpia en Estados Unidos se enfrenta a una desaceleración dramática tras las nuevas políticas de la administración Trump que recortan subsidios y endurecen las reglas para acceder a incentivos.
Empresas como el fabricante de paneles solares Bila Solar, con sede en Singapur, han suspendido planes para duplicar la capacidad de su nueva fábrica en Indianápolis. Su rival canadiense Heliene ha puesto bajo revisión los planes para una planta de células solares en Minnesota que podría costar hasta 350 millones de dólares y emplear más de 600 trabajadores.
El fabricante noruego de obleas solares NorSun evalúa si seguir adelante con la construcción de una fábrica de 620 millones de dólares en Tulsa, Oklahoma, y dos parques eólicos marinos con todos los permisos necesarios en el noreste de Estados Unidos podrían no construirse nunca.
Este cambio de política marca un giro radical desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo, después de que los republicanos acordaron terminar rápidamente con los subsidios estadounidenses a la energía solar y eólica como parte de su megaproyecto de ley presupuestaria.
La Casa Blanca ordenó a las agencias endurecer las reglas sobre quién puede reclamar los incentivos restantes. Según desarrolladores de proyectos, fabricantes y analistas, estas medidas reducirán las instalaciones de energía renovable durante la próxima década, eliminarán inversiones y empleos, y empeorarán una crisis de suministro de energía que se avecina mientras crece la infraestructura de inteligencia artificial hambrienta de energía.
La firma de investigación Wood Mackenzie advierte que las instalaciones solares y eólicas podrían ser entre 17% y 20% inferiores a lo previsto durante la próxima década. La escasez de nuevos suministros podría frenar la expansión de los centros de datos necesarios para la tecnología de IA.
Mientras tanto, la empresa de investigación energética Rhodium afirmó que la ley pone en riesgo 263,000 millones de dólares en instalaciones eólicas, solares y de almacenamiento, así como 110,000 millones de dólares de inversión anunciada en el sector manufacturero.
El informe señala que además se aumentarán los costos de la energía industrial hasta en 11,000 millones de dólares en 2035.
La disposición clave de la nueva ley es la eliminación gradual acelerada de los créditos fiscales del 30% para proyectos eólicos y solares. Los proyectos deberán iniciar su construcción en el plazo de un año o estar en funcionamiento a finales de 2027 para poder optar a los créditos, cuando antes estaban disponibles hasta 2032.
Trump también ordenó al Departamento del Tesoro revisar la definición de "inicio de construcción", lo que podría revocar una práctica arraigada que otorga a los promotores cuatro años para solicitar créditos fiscales tras gastar tan solo el 5% del costo del proyecto.
Martin Pochtaruk, director ejecutivo de Heliene, describe la situación diciendo que "con tantas piezas en juego, la financiación de proyectos y de manufactura es difícil, si no imposible", mientras espera a ver cuál será el próximo impacto en la industria.
Los cambios de política han generado nuevas dudas sobre el futuro de la cartera nacional de proyectos eólicos marinos, que dependen en gran medida de créditos fiscales para reducir costos, con Wood Mackenzie indicando que es improbable que los proyectos que aún no han comenzado construcción se lleven a cabo.
Entre ellos figuran un proyecto de 300 megavatios del desarrollador US Wind en la costa de Maryland y el New England Wind de 791 MW de Iberdrola en Massachusetts.
