Canadá dio un giro importante en su estrategia energética tras firmar un acuerdo con la provincia de Alberta para avanzar en un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico. La infraestructura, financiada con capital privado, tendría capacidad para mover hasta un millón de barriles de petróleo al día.
El objetivo central es abrir una ruta directa hacia Asia. Desde hace más de una década, casi todas las exportaciones de crudo canadiense van a Estados Unidos, lo que deja al país muy expuesto a los cambios comerciales impulsados por Washington. Para el primer ministro Mark Carney, diversificar clientes es una necesidad estratégica.
Carney defendió el acuerdo como una forma de proteger al sector energético en medio de la tensión económica provocada por la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump. Según su gobierno, ampliar mercados permitirá reducir incertidumbres y reforzar el papel de Canadá como productor global.
Pero el anuncio generó divisiones. El proyecto implica retroceder en varias medidas climáticas aplicadas en la última década, y sectores del Partido Liberal acusan a Carney de desviar a Canadá de sus compromisos medioambientales. El primer ministro respondió que la iniciativa irá acompañada de inversiones en captura de carbono para reducir emisiones.
La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, celebró el acuerdo como un impulso económico para la provincia. Durante años criticó al gobierno federal por lo que consideraba regulaciones demasiado estrictas. Con esta alianza, ambas partes buscan rebajar tensiones históricas entre Ottawa y Alberta.
El memorando firmado también contempla ajustes regulatorios. Alberta aceptará subir el precio de las emisiones industriales, mientras Ottawa suspenderá temporalmente normas de energía limpia en la provincia. Además, se levantará la prohibición al tránsito de petroleros por la costa del Pacífico, un requisito para que el oleoducto sea viable.
La infraestructura deberá atravesar Columbia Británica, una provincia gobernada por sectores progresistas que rechazan nuevos proyectos petroleros. Ese tramo será uno de los principales focos de conflicto político y social en los próximos meses.
El acuerdo menciona la posible copropiedad indígena del oleoducto, pero varias comunidades han reiterado su oposición a proyectos de este tamaño. Organizaciones indígenas recuerdan que la participación económica no sustituye al consentimiento real sobre el uso de sus territorios.
Carney sostiene que el proyecto será compatible con los objetivos climáticos gracias al plan Pathways, que aspira a convertirse en uno de los mayores sistemas de captura de carbono del mundo. El IPCC reconoce esta tecnología como una opción para reducir emisiones, pero grupos ambientales advierten que no debe usarse para justificar nuevas infraestructuras de combustibles fósiles.
El proyecto aún está en fase inicial. Una propuesta formal se espera para julio de 2026. Pero el acuerdo marca una nueva etapa en la política energética de Canadá: el país busca posicionarse como superpotencia exportadora, incluso si eso abre un debate profundo sobre clima, territorio y la dirección que debe tomar la economía nacional.
