La propuesta para ampliar la perforación de petróleo y gas en alta mar en Estados Unidos vuelve a colocar en el centro del debate el equilibrio entre producción energética y riesgo ambiental. Un informe del Centro para la Diversidad Biológica estima que el plan podría derivar en más de 4.000 derrames de petróleo en aguas federales durante los próximos años si se implementa en su totalidad.
El borrador, anunciado a finales de 2025 por la administración Trump como parte del 11.º Programa Nacional de Arrendamiento de Petróleo y Gas de la Plataforma Continental Exterior, contempla autorizar hasta 34 contratos de arrendamiento en un período de cinco años. La iniciativa abriría hasta 1.270 millones de acres en el Golfo de México, frente a California y en zonas del Ártico en Alaska, ampliando de forma significativa la superficie disponible para perforación.
Según el análisis, basado en registros federales históricos de derrames entre 1974 y 2015, la expansión podría liberar más de 12 millones de galones de crudo. La cifra de 4.232 derrames proyectados no incluye accidentes asociados al transporte marítimo ni eventos catastróficos poco frecuentes como el de Deepwater Horizon en 2010, que vertió más de 210 millones de galones en el Golfo de México y dejó impactos ecológicos duraderos.
Más de la mitad de los incidentes estimados se producirían en el Golfo, región que ya concentra la mayor parte de la infraestructura offshore del país. Organizaciones ambientales sostienen que el área occidental y central del Golfo está saturada de plataformas y oleoductos, con tráfico marítimo constante. En ese entorno, especies como la ballena de Rice, de la que quedan apenas unas 50 en estado silvestre, enfrentan riesgos acumulativos.
La zona oriental del Golfo, históricamente menos explotada, también figura entre las áreas potencialmente abiertas a nuevas perforaciones. Simulaciones recientes de dispersión de crudo realizadas por expertos en modelización oceánica sugieren que un derrame podría alcanzar costas distantes en cuestión de días, impulsado por corrientes y vientos, lo que cuestiona la efectividad de las distancias de seguridad propuestas.
El plan también contempla áreas del Ártico frente a Alaska, donde las condiciones climáticas extremas, la lejanía de puertos y la limitada infraestructura de respuesta complicarían cualquier operación de contención. Exresponsables de respuesta a emergencias señalan que en regiones remotas los equipos podrían tardar semanas en llegar, reduciendo significativamente la capacidad de controlar un derrame a tiempo.
Las herramientas habituales de respuesta, como barreras flotantes, sistemas de recuperación mecánica o dispersantes químicos, presentan limitaciones técnicas. No funcionan en mares agitados, con visibilidad reducida o en condiciones de frío extremo. En el Ártico, donde la noche polar puede extenderse durante meses, esas restricciones se agravan.
El proyecto se suma además a 36 ventas adicionales de arrendamientos offshore ordenadas por el Congreso bajo la ley One Big Beautiful Bill Act. Sus defensores argumentan que ampliar la producción nacional fortalece la seguridad energética y el suministro interno. Sus detractores sostienen que profundiza la dependencia de combustibles fósiles en un momento de transición hacia energías más limpias.
Durante el período de consulta pública, que concluyó en enero, alrededor de 300.000 comentarios fueron presentados en oposición al borrador, según organizaciones ambientalistas. La posibilidad de litigios permanece abierta si el programa avanza.
La discusión no se limita a la cantidad de petróleo que podría extraerse, sino a la probabilidad de incidentes acumulativos en ecosistemas sensibles. Aunque los grandes derrames captan titulares, la mayor parte de los incidentes históricos han sido eventos más pequeños pero frecuentes, cuya suma produce impactos persistentes.
El futuro del plan dependerá de decisiones regulatorias y posibles recursos judiciales. En juego no está solo la expansión de la perforación offshore, sino el modelo energético que Estados Unidos decide priorizar en una etapa marcada por tensiones entre seguridad de suministro, economía y protección ambiental.
