El triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial de Colombia no solo cambió el tablero político del país. También entró en el radar de los mercados, especialmente entre quienes ven en el avance de gobiernos de derecha en América Latina una oportunidad para atraer más inversión privada en tecnología, energía e infraestructura.
Según el análisis citado por JPMorgan, la región atraviesa un giro político que podría favorecer a gobiernos más orientados al mercado, con mayor cercanía geopolítica a Estados Unidos, reformas fiscales, menor regulación y más disposición a abrir sectores estratégicos al capital extranjero.
De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, se impuso en la primera vuelta con más del 43 % de los votos y superó al izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico. La segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, se perfila como una disputa entre dos proyectos económicos y políticos muy distintos.
El candidato conservador ha basado buena parte de su discurso en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la libre empresa y la reducción del tamaño del Estado. También ha prometido impulsar el crecimiento mediante más explotación de hidrocarburos y minerales, incentivos tributarios, ajustes fiscales y recortes al gasto público.
Para ciertos inversionistas, ese tipo de programa puede sonar atractivo. No porque elimine automáticamente los riesgos de Colombia, sino porque apunta a un marco más favorable para negocios vinculados a energía, infraestructura, minería, tecnología y servicios digitales. La lectura es simple: un gobierno más cercano al mercado puede acelerar permisos, flexibilizar reglas y abrir nuevas oportunidades de inversión.
El caso colombiano encaja en una tendencia regional más amplia. JPMorgan observa que varios países latinoamericanos han girado hacia opciones de centroderecha, derecha o ultraderecha, en un contexto marcado por cansancio frente a la inseguridad, bajo crecimiento, crisis fiscales y desconfianza hacia la política tradicional.
En esa lectura aparecen ejemplos como Argentina y El Salvador, donde los gobiernos han apostado por atraer capital privado, digitalizar servicios públicos y usar herramientas tecnológicas en seguridad. Ese modelo puede entusiasmar a empresas e inversionistas, pero también abre preguntas incómodas sobre vigilancia, concentración de poder, derechos civiles y uso de datos personales.
La tecnología, en este escenario, deja de ser solo una industria más. Se vuelve una pieza del proyecto político. La inteligencia artificial, la biometría, las plataformas de vigilancia, la automatización estatal y la digitalización de servicios aparecen como herramientas para prometer eficiencia, orden y control.
JPMorgan sostiene que la región podría pasar de un modelo basado principalmente en materias primas y mano de obra hacia otro más intensivo en capital. La promesa es subir de nivel mediante inversión, infraestructura, energía, minerales críticos y tecnología. Pero esa transición no depende solo de elegir gobiernos favorables al mercado. También exige instituciones sólidas, seguridad jurídica, estabilidad fiscal y reglas claras.
Ahí está el punto delicado. Una eventual victoria de De la Espriella podría ser celebrada por parte del sector financiero como una señal de apertura económica, pero Colombia seguiría enfrentando polarización, narcotráfico, desigualdad, conflictos territoriales y tensiones institucionales. Ningún giro ideológico resuelve por sí solo esos problemas.
El interés de los inversionistas tecnológicos no significa que el país tenga garantizado un salto económico. Significa que Colombia podría entrar con más fuerza en una disputa regional por capital, energía, datos e infraestructura digital. La pregunta es bajo qué condiciones llegará ese dinero y quién terminará beneficiándose más.
