España abre la puerta a más de medio millón de irregulares mientras el resto de Europa la cierra

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez anunció una regularización extraordinaria para inmigrantes en situación irregular o solicitantes de asilo que puedan demostrar al menos cinco meses de estancia en el país y no tengan antecedentes penales. La decisión se formalizó mediante un real decreto, una vía que permitió al Ejecutivo evitar un debate parlamentario completo en una Cámara donde no cuenta con mayoría.

La medida no surgió de la nada. Partió de una iniciativa respaldada por unas 700.000 firmas y apoyada por organizaciones sociales, colectivos de migrantes e incluso sectores de la Iglesia católica. Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de reconocer una realidad que ya existe en la calle: cientos de miles de personas que trabajan y viven en España sin derechos básicos ni protección legal.

Las cifras ayudan a entender la magnitud del fenómeno. En un país de casi 50 millones de habitantes, más de 9 millones nacieron fuera. De ellos, varios millones tienen permiso de residencia, pero se estima que unas 850.000 personas permanecen en situación irregular. Más de medio millón podrían beneficiarse ahora de la regularización.

El objetivo inmediato es sacar a esas personas de la economía sumergida. Formalizar contratos, cotizar a la seguridad social y pagar impuestos. Es una lógica pragmática: si ya están trabajando, el Estado prefiere incorporarlos al sistema antes que mantenerlos en la sombra.

El contexto económico también pesa. España ha recuperado dinamismo en los últimos años y ha sumado cientos de miles de empleos. Sectores como la hostelería, la construcción, el cuidado de mayores o la agricultura dependen en gran medida de mano de obra extranjera. Investigadores del Real Instituto Elcano y otras instituciones sostienen que, en promedio, los migrantes tienden a aportar más en impuestos y cotizaciones de lo que consumen en servicios públicos, lo que ayudaría a sostener un sistema de pensiones presionado por el envejecimiento demográfico.

Además, España tiene una particularidad frente a otros países europeos: el origen de buena parte de su inmigración. Una gran proporción procede de América Latina, comparte idioma y referencias culturales, lo que facilita la inserción laboral y social desde el primer momento.

Sin embargo, el consenso está lejos de ser total.

España arrastra un desempleo estructural elevado, cercano al 10%, por encima de la media europea. Para críticos como el demógrafo Alejandro Macarrón, incorporar de golpe a cientos de miles de trabajadores en un mercado con paro persistente puede generar tensiones y costes añadidos. Argumenta que una política demasiado abierta puede incentivar la llegada de más personas de las que la economía puede absorber.

A eso se suma otro problema sensible: la vivienda. En muchas ciudades, el acceso al alquiler se ha vuelto cada vez más difícil y caro. Algunos analistas sostienen que el rápido crecimiento poblacional aumenta la presión sobre un parque residencial ya limitado, afectando sobre todo a jóvenes e inmigrantes recientes.

Tampoco han faltado episodios de fricción social. En los últimos años se han registrado disturbios y protestas vecinales en distintos puntos del país vinculados a problemas de convivencia e inseguridad, lo que alimenta el discurso de quienes reclaman políticas más restrictivas.

Desde el ámbito académico también han surgido voces duras. El historiador Jordi Canal i Morell, profesor en Francia, ha calificado este tipo de regularizaciones como “irresponsables” si no se coordinan con el resto de Europa. Otros expertos consideran que España es una “excepción” o un caso “anómalo” frente al endurecimiento migratorio de países como Alemania, Francia o Italia.

El factor político tampoco es menor. El Gobierno de Sánchez depende del apoyo de fuerzas a su izquierda, como Podemos y Sumar, tradicionalmente favorables a políticas más abiertas en materia migratoria. Para algunos analistas, la regularización responde también a esa necesidad de sostener alianzas parlamentarias.

No es la primera vez que España recurre a este mecanismo. Gobiernos de distinto signo ya aprobaron procesos similares en el pasado, tanto conservadores como socialistas, cuando la economía necesitaba mano de obra o cuando la bolsa de irregulares se hacía insostenible.

La decisión actual, por tanto, combina pragmatismo económico, cálculo político y una visión más flexible de la inmigración que la de muchos vecinos europeos.

El debate de fondo sigue abierto. Para unos, regularizar es reconocer una realidad y ordenar el mercado laboral. Para otros, puede agravar problemas existentes como el paro o la vivienda. Lo que parece claro es que, en un continente que cierra puertas, España ha optado por probar otro camino. Y los resultados, para bien o para mal, marcarán el tono de la discusión en los próximos años.

Fuentes:

• Reuters
• BBC
• La Moncloa. Gobierno de España
• VisaHQ
• El HuffPost