La dependencia tecnológica de Europa frente a Estados Unidos pone en riesgo su soberanía digital

Cuando Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios del Tribunal Penal Internacional, los afectados no perdieron solo acceso a cuentas bancarias. Perdieron la posibilidad de reservar un hotel, alquilar un coche o pagar con tarjeta en comercios europeos. La razón es estructural: la mayoría de las transacciones electrónicas en Europa se procesan a través de Visa y Mastercard, y la conversión de divisas pasa casi invariablemente por el dólar. Vivir en suelo europeo no bastó para escapar del bloqueo.

El episodio ilustra una dependencia que atraviesa capas muy distintas de la vida institucional y cotidiana del continente. Las políticas gubernamentales sensibles se redactan con software de Microsoft. Los registros sanitarios y fiscales de millones de ciudadanos se alojan en servidores de Amazon Web Services. Las comunicaciones oficiales transitan por plataformas como Zoom o Microsoft Teams. En defensa, la situación es aún más delicada: Dinamarca, que adquirió cazas F-35 de fabricación estadounidense, enfrenta la posibilidad teórica de que Washington desactive esos sistemas si la relación bilateral se deteriora. España ya descartó comprarlos.

La dimensión geopolítica de esta dependencia se ha vuelto más visible desde que la administración Trump intensificó el uso de la infraestructura económica y tecnológica como instrumento de presión. La crisis en torno a Groenlandia mostró que las tensiones entre aliados pueden escalar más allá de la retórica. Si quien controla los sistemas de pago, las plataformas de comunicación y los servicios en la nube puede restringir el acceso a voluntad, la autonomía estratégica de Europa queda condicionada por decisiones que se toman fuera de sus fronteras. No se trata de un escenario hipotético: las sanciones al TPI lo demostraron en la práctica.

Europa no ignora el problema, pero su respuesta ha sido fragmentaria. El ejército austriaco migró a servicios de código abierto alojados en territorio europeo. Algunos gobiernos regionales alemanes abandonaron Microsoft. Francia desarrolló Visio, una alternativa a Zoom que ya usan 5,7 millones de funcionarios públicos, y la Comisión Europea trabaja en un sistema de comunicaciones basado en Matrix, una tecnología de código abierto que no centraliza el control en una sola empresa. Son avances reales, pero dispersos, y ninguno resuelve el problema de fondo.

Ese problema de fondo es la fragmentación del propio mercado europeo. Veintisiete países con marcos regulatorios distintos, prácticas comerciales diferentes y grupos de presión nacionales que protegen el statu quo crean un entorno donde las empresas tecnológicas europeas rara vez alcanzan la escala necesaria para competir. El FMI ha estimado que las fricciones transfronterizas dentro de la UE equivalen a un arancel del 110 por ciento. A eso se suma la ausencia de un mercado de capitales integrado: las startups europeas no acceden al tipo de inversión ni a las salidas a bolsa que sus competidoras estadounidenses obtienen con relativa facilidad. Los líderes europeos acordaron la semana pasada avanzar hacia un mercado único en sectores estratégicos y liberar fondos que podrían movilizar hasta diez billones de euros en ahorro privado. La intención existe; la ejecución lleva décadas pendiente.

Hay quienes, como Friedrich Merz o Giorgia Meloni, plantean que el camino pasa por desregular y suavizar las normas europeas para facilitar la competencia. Pero esa lectura confunde el obstáculo con la herramienta. Europa tiene leyes de protección de datos entre las más avanzadas del mundo; el problema no es que existan, sino que se aplican con lentitud e inconsistencia. Google, Microsoft y Amazon operan en el mercado europeo bajo condiciones que esas mismas leyes deberían haber modificado hace años. Diluir la regulación para atraer inversión equivaldría a desmontar una de las pocas ventajas competitivas que Europa posee frente a un ecosistema tecnológico estadounidense que no se autorregula.

Construir una infraestructura digital autónoma no es técnicamente imposible. Gran parte del software empresarial que hoy domina el mercado se basa en tecnologías maduradas hace dos décadas, y los nuevos modelos de lenguaje permiten desarrollar alternativas con menos recursos que antes. Lo que falta no es capacidad técnica sino la combinación, mucho más esquiva, de voluntad política sostenida, inversión a largo plazo y disposición a enfrentar a los lobbies que se benefician de la dependencia actual.

La soberanía digital europea no se construye con declaraciones de intención ni con proyectos piloto aislados. Mientras cada decisión crítica —desde un pago con tarjeta hasta una comunicación militar— dependa de infraestructura que otro gobierno puede intervenir, Europa negocia su autonomía en condiciones que no controla.