La nueva política de permisos del gobierno de Donald Trump está reconfigurando el futuro de la energía limpia en Estados Unidos. Mientras la demanda eléctrica crece impulsada por la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos, los grandes proyectos solares y eólicos se están topando con un freno inesperado: una congelación administrativa que deja miles de megavatios en pausa.
Desde enero, solo un proyecto solar en tierras federales ha logrado obtener aprobación. El resto está paralizado por una orden del secretario del Interior, Doug Burgum, que exige que toda decisión relacionada con renovables pase primero por su despacho. La medida ha frenado un sector que bajo la administración anterior avanzó con más de una docena de permisos en tierras públicas.
El contraste es evidente. Trump ha declarado una “emergencia energética” para acelerar la producción de combustibles fósiles y reducir plazos administrativos para petróleo, gas y carbón. Pero esa urgencia no se aplica a renovables: ni la solar ni la eólica están incluidas en su estrategia de expansión energética.
Las empresas del sector advierten que la situación está creando un cuello de botella histórico. Según Wood Mackenzie, al menos 18 gigavatios de proyectos solares en tierras federales han sido cancelados o están inactivos por falta de avances. La Asociación de Industrias de la Energía Solar habla de más de 500 proyectos amenazados en todo el país.
El bloqueo afecta no solo a terrenos públicos. Muchos desarrollos en tierras privadas dependen de permisos federales relacionados con fauna, agua, accesos o infraestructuras. Esos trámites también están sufriendo retrasos, lo que amplía la incertidumbre en regiones enteras del oeste estadounidense.
Nevada se ha convertido en el epicentro del problema. El estado tiene más de 33 gigavatios en proyectos solares y de almacenamiento en distintas fases, y muchos dependen de la Oficina de Administración de Tierras. Su gobernador, Joe Lombardo, advirtió a Interior que los retrasos amenazan el suministro eléctrico y pueden frenar inversiones mineras y tecnológicas clave.
Boulder City, una localidad que obtiene casi el 40% de su presupuesto operativo anual de los arrendamientos solares, también está en riesgo. Dos nuevos proyectos que aportarían millones adicionales están detenidos, a la espera de que se apruebe un simple corredor de transmisión bajo jurisdicción federal.
El freno se extiende más allá del desierto. En California, proveedores eléctricos han tenido que renegociar contratos porque los retrasos federales hacen imposible cumplir los cronogramas pactados. Incluso grandes empresas como EDF o NextEra han sufrido revisiones ambientales canceladas o permisos bloqueados.
Para algunos analistas, la paradoja es evidente: mientras Trump impulsa la infraestructura energética para sostener el auge de la IA, excluye precisamente a las fuentes más rápidas y baratas de desplegar, según los cálculos anuales del banco de inversión Lazard. Las renovables pueden levantarse en menos tiempo que las plantas de gas o nuclear, pero sin permisos, no pueden avanzar.
El gobierno argumenta que el endurecimiento responde a motivos de seguridad nacional y protección ambiental. Para la industria, en cambio, es una moratoria encubierta que pone en riesgo los objetivos de reducción de emisiones y frena una parte crucial del crecimiento energético del país.
Con elecciones a la vista y miles de megavatios esperando luz verde, el choque entre renovables y política federal promete intensificarse. El sector se pregunta cuánto tiempo podrá aguantar esta pausa… y qué ocurrirá si se prolonga más allá del clima político actual.
