La Organización de las Naciones Unidas volvió a expresar su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela tras denunciar el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de las Milicias Bolivarianas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. La advertencia fue realizada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la actualización de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Según Türk, desde mediados de año no se han registrado mejoras sustanciales en el respeto de las libertades fundamentales en el país. Por el contrario, persisten restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y un deterioro general de las condiciones sociales y económicas.
El informe alerta específicamente sobre el “alistamiento bajo coerción” en las milicias bolivarianas, una práctica que, de acuerdo con los datos recopilados por la oficina del alto comisionado, afecta tanto a menores de edad como a personas mayores. Türk calificó estos hechos como especialmente graves desde el punto de vista del derecho internacional, al implicar la participación forzada de civiles en estructuras de carácter militar.
Durante su intervención, el alto comisionado también señaló un proceso creciente de militarización de la vida pública en Venezuela. Esta tendencia, explicó, reduce aún más el espacio cívico y aumenta el riesgo de violencia, en un contexto ya marcado por la falta de garantías institucionales y la ausencia de controles independientes.
Otro punto destacado del informe es la aprobación de nuevas leyes de emergencia por parte del gobierno venezolano en los meses de septiembre y noviembre. Según la ONU, el contenido de estas normas no ha sido publicado, lo que impide evaluar su compatibilidad con el derecho internacional y facilita el uso discrecional de poderes excepcionales por parte del Ejecutivo.
Türk expresó además su alarma por los reportes sobre el uso de aplicaciones móviles promovidas por el Estado para incentivar la denuncia entre ciudadanos, incluso entre familiares y vecinos. A juicio del organismo, estas prácticas fomentan un clima de miedo, desconfianza y autocensura, debilitando aún más el tejido social.
Las denuncias de la ONU se suman a las realizadas por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales. La ONG Foro Penal informó recientemente que en Venezuela hay al menos 893 presos políticos, incluidos adolescentes de entre 14 y 17 años. El régimen de Maduro niega estas acusaciones y sostiene que las detenciones responden a delitos comunes, una versión rechazada por múltiples organismos de derechos humanos.
El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos representa una nueva advertencia internacional sobre la gravedad de la situación en Venezuela y refuerza los llamados a garantizar la protección de los derechos fundamentales, especialmente de niños y adolescentes, en un contexto de creciente represión.
