La Comisión Europea ha reclamado a Washington que se atenga a los términos del acuerdo comercial alcanzado el año pasado entre la Unión Europea y Estados Unidos. La exigencia llega después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara los aranceles globales previos y la Casa Blanca respondiera con nuevos gravámenes, primero del 10% y después del 15%. Para Bruselas, la cuestión trasciende lo jurídico: está en juego la credibilidad del marco pactado y la previsibilidad del comercio transatlántico.
El acuerdo fijaba un arancel del 15% para la mayoría de los productos europeos, con excepciones sectoriales como el acero y con arancel cero para bienes específicos, entre ellos aeronaves y repuestos.
A cambio, la Unión Europea eliminó aranceles sobre numerosos productos estadounidenses y retiró la amenaza de represalias. El objetivo era estabilizar una relación marcada en años anteriores por tensiones comerciales y medidas unilaterales. El pacto pretendía ofrecer un suelo común claro para empresas e inversores a ambos lados del Atlántico.
El escenario cambió tras la decisión judicial en Estados Unidos. El presidente anunció aranceles temporales del 10%, que elevó al 15% al día siguiente. Aunque la cifra coincide con la pactada, la diferencia radica en su alcance y en la forma de aplicación.
Bruselas ha pedido claridad sobre si ese 15% sustituye al esquema bilateral o si se suma a otros gravámenes existentes, como los de “nación más favorecida” aplicados en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En el acuerdo previo, el 15% operaba como techo integrado, no como recargo adicional. Si ahora se aplicara de manera acumulativa, el efecto real sería un aumento de costes para los exportadores europeos.
Otro factor que preocupa es la posible pérdida de la ventaja comparativa asegurada por el pacto. Si todos los países pasan a enfrentar un arancel uniforme del 15%, incluso aquellos sin acuerdo específico con Washington, el beneficio diferencial europeo desaparece.
Las estimaciones de Global Trade Alert apuntan a que la UE podría quedar 0,8 puntos porcentuales peor en carga arancelaria, mientras que Italia afrontaría hasta 1,7 puntos adicionales. Esto implica menor competitividad y mayor presión sobre márgenes empresariales en sectores sensibles al precio. El impacto no sería solo técnico, sino potencialmente visible en flujos comerciales y decisiones de inversión.
Desde la Comisión se insiste en que los productos europeos deben mantener el trato competitivo pactado y que la imprevisibilidad arancelaria erosiona la confianza en los mercados globales. La posición es más firme que la reacción inicial tras el fallo judicial, lo que refleja la preocupación por la coherencia del compromiso bilateral.
Por ahora, no está claro si Washington considera que los nuevos aranceles reemplazan el acuerdo o si lo dejan en suspenso. Lo cierto es que el equilibrio comercial construido el año pasado queda bajo presión, y con él la estabilidad de la relación económica transatlántica.
