Por qué la transición energética avanza más en titulares que en infraestructuras reales

La brecha entre los ambiciosos anuncios de transición energética y la realidad física de las obras es cada vez más evidente. Países y empresas compiten por prometer neutralidad de carbono y récords de energías renovables, pero sobre el terreno persisten cuellos de botella: redes eléctricas insuficientes, proyectos demorados por trámites y concentración de inversiones en pocos lugares. El resultado es una transición que corre en el papel más rápido de lo que avanza sobre el terreno, con implicaciones económicas y logísticas ineludibles.

Objetivos ambiciosos, realidad lenta

Gobiernos de todo el mundo se han fijado metas climáticas agresivas –desde alcanzar emisiones netas cero hasta porcentajes elevados de energía renovable en apenas una o dos décadas– y los titulares celebran cada nuevo compromiso. Sin embargo, la distancia entre esas promesas y su ejecución material es considerable.

Por ejemplo, en 2024 la inversión global en renovables y eficiencia superó 1 billón de dólares, cifra récord pero insuficiente: para alinearse con la meta de 1,5 °C habría que quintuplicarla a 5 billones anuales hasta 2030. Del mismo modo, la capacidad renovable instalada crece a máximos históricos, pero concentrada en unos pocos países y sin llegar al ritmo requerido.

Diez naciones (China, EE. UU., Brasil, India, Alemania y otras) acapararon el 83% de la nueva potencia renovable en 2024, mientras regiones enteras de África, Latinoamérica o el Sudeste Asiático quedaron rezagadas. La transición avanza a dos velocidades: rápida en los discursos y en ciertos polos tecnológicos, pero mucho más lenta en la infraestructura cotidiana a nivel global.

Redes eléctricas, el cuello de botella ignorado

La electrificación masiva de la economía –desde vehículos hasta fábricas y centros de datos– requiere redes eléctricas modernas y robustas. Este aspecto crítico suele quedar opacado por el brillo de los anuncios de parques eólicos o plantas solares. En la práctica, el tendido eléctrico mundial no está creciendo al ritmo de la demanda. La inversión anual en redes ronda los 400 mil millones de dólares, cuando harían falta unos 811 mil millones cada año para sostener las necesidades proyectadas.

Esta brecha significa que aunque la tecnología renovable esté disponible, muchas instalaciones enfrentan límites para evacuar su energía: subestaciones saturadas, conexiones demoradas y cortes que frenan la incorporación de más fuentes limpias. Sin una red modernizada y ampliada, los aerogeneradores y paneles solares de poco sirven.

Paradójicamente, la innovación se topa con un obstáculo muy poco glamuroso pero fundamental: cables, torres y transformadores. Ignorar este cuello de botella físico puede convertir las promesas verdes en castillos en el aire incapaces de materializarse.

Tecnologías listas, infraestructuras ausentes

Otro contraste entre titulares y realidad se ve en los llamados combustibles alternativos y nuevas soluciones energéticas. Mientras la prensa especializada abunda en referencias al hidrógeno verde, la captura de CO₂ o los combustibles sintéticos para aviones, la infraestructura necesaria para utilizarlos masivamente brilla por su ausencia.

Hoy existen apenas proyectos piloto y anuncios de corredores de hidrógeno, pero faltan ductos, almacenes y terminales específicos para mover esos insumos. Esto ralentiza la adopción de tecnologías que, sobre el papel, podrían reducir emisiones en sectores difíciles de electrificar como el transporte pesado.

Un ejemplo elocuente es la aviación: la producción global de combustibles sostenibles para aviones representa apenas 0,7% del consumo total de queroseno. Dicho de otro modo, el 99% del combustible aeronáutico sigue siendo convencional, pese a todas las promesas de biocombustibles y alternativas. Lo mismo ocurre con la alimentación de buques con amoníaco o metanol: la infraestructura portuaria para esos combustibles es marginal.

La consecuencia son titulares adelantados a su tiempo: tenemos la tecnología casi lista, pero no la infraestructura para escalarla. Esa desconexión entre inventos y hormigón retrasa la descarbonización real de la economía.

Capital concentrado y brechas regionales

La transición energética requiere inversiones colosales, pero ¿dónde se está poniendo el dinero? Los datos muestran que el capital fluye de forma muy desigual, creando ganadores y perdedores.

En los últimos años se ha batido récord de financiamiento en energías limpias, pero el 90% de esas inversiones se concentran en las economías avanzadas y China. Las naciones emergentes quedan relegadas a migajas, enfrentando costos financieros más altos y menos capacidad para modernizar sus infraestructuras. Esta disparidad abre una brecha estructural: los países que más necesitan energía asequible y limpia suelen ser los que menos pueden financiarla.

Por ejemplo, mientras Europa instala granjas eólicas offshore y Norteamérica expande redes inteligentes, muchas zonas de África o Centroamérica siguen con redes precarias y proyectos renovables en lista de espera por falta de fondos. El resultado es una transición a distintas velocidades: unos países logran adaptar su logística energética, mientras otros se rezagan y enfrentan mayores riesgos de interrupciones y de quedar fuera de estándares ambientales más exigentes.

En términos llanos, la transición prometida es más un privilegio geográfico que un movimiento global uniforme. Los grandes anuncios suelen venir de quienes pueden costearlos, reforzando la necesidad de mecanismos de financiamiento más justos si se busca una transformación verdaderamente planetaria.

Permisos y trámites: la transición encallada

Incluso cuando hay voluntad política y dinero disponible, la transición energética choca con un obstáculo prosaico pero poderoso: la burocracia. Muchos proyectos de infraestructura energética pasan más tiempo en trámites y permisos que en construcción.

En la Unión Europea, por ejemplo, se reconoció que grandes obras de redes eléctricas, interconexiones o plantas renovables tardan cerca de una década solo en autorizaciones, demorando en total más de 10 años en completarse. Esta lentitud administrativa es incompatible con la urgencia climática: de poco sirve anunciar objetivos para 2030 si un parque eólico aprobado hoy podría entrar en operación después de 2030.

Las causas van desde evaluaciones de impacto ambiental interminables hasta la oposición local y la falta de coordinación entre organismos.

Afortunadamente, algunas regiones están reaccionando. La Comisión Europea propuso recientemente reducir a la mitad los tiempos de trámite, digitalizar expedientes y reforzar las agencias encargadas, para que los próximos diez años no se pierdan entre sellos y firmas. En términos más amplios, la carrera contra el cambio climático es también una carrera contra la inercia burocrática.

Cada mes ganado en papeleo puede significar un año más pronto de energía limpia funcionando. Si no se aborda este freno, la transición energética seguirá avanzando a toda máquina en los discursos, pero a paso de tortuga en la vida real, encallada en expedientes y ventanillas mientras el reloj climático no deja de correr.

En síntesis, la transición energética exhibe una paradoja inquietante: nunca hubo tanto consenso retórico sobre abandonar los combustibles fósiles, pero sobre el terreno la infraestructura y las políticas van rezagadas. El desafío no es tecnológico –las soluciones existen o están en camino– sino estructural y político.

Se trata de extender redes y cables, simplificar permisos, financiar a los rezagados y sincronizar la velocidad de la ingeniería con la de los titulares. De lo contrario, corremos el riesgo de que el motor de la transición energética gire a revoluciones distintas: acelerado en el papel, pero en ralentí en la realidad. La distancia entre lo dicho y lo hecho se convertirá en el nuevo campo de batalla de la credibilidad climática, y cerrar esa brecha será crucial para que la transición energética deje de ser un titular y pase a ser un hecho consumado.

Fuentes: