En provincias como San Juan y Salta, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, se concentran ocho proyectos cupríferos que podrían colocar al país entre los grandes productores mundiales. Sin embargo, el progreso avanza a paso lento por un obstáculo que no está en las rocas, sino en el terreno político y logístico.
La producción de cobre en Argentina se detuvo en 2018, pero el gobierno proyecta que, con las nuevas minas, las exportaciones mineras podrían alcanzar los 15.400 millones de dólares anuales para 2030. De ese total, más de 5.000 millones provendrían exclusivamente del cobre, si se logra la meta de producir 521.000 toneladas métricas al año.
Para lograrlo, se requieren inversiones millonarias en infraestructura. Una sola mina, como Josemaría, necesitará una carretera de 220 kilómetros y una línea eléctrica de alto voltaje capaz de alimentar una ciudad de tamaño medio. Hoy, ninguna de esas obras está construida.
El presidente Javier Milei ha dejado claro que el Estado no financiará directamente estas infraestructuras. Sin embargo, la presión de los gobernadores y del sector privado podría forzar esquemas mixtos, como asociaciones público-privadas o el uso de regalías anticipadas para costear caminos y redes eléctricas.
San Juan ya implementa un programa que permite a las mineras recibir compensaciones en regalías a cambio de construir obras que luego son consideradas de uso público. Esta medida ha despertado interés entre empresas globales como BHP, Lundin y McEwen Mining, que ven una vía para acelerar sus proyectos.
La propuesta no está exenta de críticas. Algunos analistas advierten que dejar la construcción de infraestructura estratégica en manos del sector privado podría derivar en tarifas elevadas o control limitado por parte del Estado.
Más allá de los debates, la realidad en terreno es evidente: las rutas actuales no soportan el tránsito pesado que exigirán las minas, y las redes eléctricas no llegan a las altitudes extremas donde se ubican los yacimientos.
Empresas como McEwen Mining estudian compartir caminos y tendidos eléctricos entre proyectos cercanos para reducir costos. También se exploran créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y licitaciones internacionales para atraer capital extranjero.
En paralelo, Rio Tinto ha mostrado interés en participar en privatizaciones de activos logísticos como el ferrocarril Belgrano Cargas, clave para el transporte de minerales hacia los puertos. Un movimiento que, de concretarse, podría aliviar uno de los cuellos de botella más severos.
Para provincias como Salta, donde se proyecta la mina Taca Taca, el mensaje es claro: sin caminos, acueductos ni gasoductos, los inversores se irán a otros destinos mineros de la región. La competencia con Chile y Perú es feroz.
El potencial cuprífero argentino está fuera de toda duda. Lo que está en juego ahora es la capacidad de coordinar esfuerzos públicos y privados para convertir reservas en producción y promesas en divisas.
Si el país logra resolver este déficit de infraestructura en la próxima década, el cobre podría transformarse en una de las principales fuentes de ingreso, diversificando la economía más allá del litio, el oro y la soja.
