En varios países de América Latina, grupos de madres y padres han empezado a firmar acuerdos para retrasar el momento en que sus hijos tienen un móvil propio y acceso a las redes sociales. Van a contracorriente, en un entorno donde tener smartphone a los once años es casi la norma.
Detrás late un mismo diagnóstico, inspirado en el libro La generación ansiosa, del psicólogo Jonathan Haidt, y en la asociación estadounidense Wait Until 8th. Los acuerdos comprometen a las familias a esperar hasta los catorce para el móvil y hasta los dieciséis para las redes, pero su verdadera clave es hacerlo en bloque.
De un aula de Mendoza a varios países
Pacto Parental nació en un colegio de Mendoza, en Argentina, cuando Ignacio Castro detectó en el curso de su hijo señales que le preocuparon, desde casos de ansiedad hasta grupos de WhatsApp que dejaban fuera a unos compañeros. Habló con la dirección, reunió a otros padres y dieron forma a un documento que emula un contrato.
La iniciativa se viralizó. Saltó de Mendoza a otras provincias argentinas y pronto llegaron peticiones de Paraguay, Perú, Colombia y Puerto Rico para adaptarla. Su impulsor admite que ni siquiera sabe cuántas familias participan ya, y prefiere que cada colegio ajuste el texto a su realidad antes que copiarlo.
En México, el Movimiento No Es Momento siguió un camino parecido desde Monterrey a finales de 2023 y suma ya más de 7.000 acuerdos firmados, unas 4.200 familias y 580 colegios. Las cifras del entorno explican la urgencia, porque en Argentina el 91 % de los chicos de once y doce años ya tiene móvil.
La fuerza está en no hacerlo solo
El motivo por el que estos grupos insisten en el acuerdo colectivo es sencillo. Un niño sin móvil en una fiesta o un torneo donde todos lo tienen queda aislado, y esa presión suele vencer a las buenas intenciones de una sola familia. Si se comprometen muchas a la vez, nadie es el raro.
Los promotores de estos colectivos describen una batalla desigual. Sostienen que un menor de nueve o diez años no tiene herramientas para resistirse a algoritmos diseñados para enganchar, cuyo único objetivo es que pase el mayor tiempo posible frente a la pantalla.
Conviene no dar la ciencia por cerrada. La tesis de Haidt es muy influyente, pero otros investigadores advierten de que prohibir las redes sociales a menores puede desviar la atención de otros problemas si las plataformas siguen diseñadas para retenerlos.
Cuando la decisión llega a las leyes
La ola también ha llegado a los gobiernos. Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país que prohíbe las redes sociales a los menores de dieciséis, con multas millonarias para las plataformas, que en pocas semanas retiraron millones de cuentas de menores. El Parlamento Europeo ha respaldado, sin carácter vinculante, esa misma edad de dieciséis.
España va en la misma dirección. El Gobierno tramita una ley que eleva a dieciséis la edad mínima para las redes, ahora en catorce, y obliga a los colegios a regular el móvil en las aulas. Aun así, los impulsores admiten que sin educación digital en las familias las normas se acaban esquivando.
