La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la agencia de la ONU para las tecnologías digitales, ha reunido en Ginebra por primera vez a su Comisión Global de Inteligencia Artificial para el Bien, un órgano que aspira a orientar el uso mundial de esta tecnología y cuyo listado de integrantes adelantó Axios.
La copresiden el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el consejero delegado de Salesforce, Marc Benioff, con la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, como vicepresidenta. Hasta ahí, una fotografía habitual de la diplomacia tecnológica. El desequilibrio aparece al contar quién ocupa los asientos.
Y ese recuento es el que ha encendido las críticas desde antes de su primera sesión de trabajo.
Las cuentas de la comisión
De los cuarenta y cuatro miembros fundadores, veintisiete representan a empresas o fondos de inversión, ocho a gobiernos, siete a organismos internacionales y dos a fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, según la lista publicada por la UIT. El sector privado roza los dos tercios del total.
En la mesa se sientan los nombres que dominan la cadena de la IA, desde los fabricantes de chips hasta los servicios en la nube y los grandes modelos. Están Nvidia, Amazon, Microsoft, Google, Cohere y Anthropic, junto a farmacéuticas, consultoras y grupos de telecomunicaciones.
Lo novedoso no es solo su presencia, sino su condición. Los responsables de los laboratorios punteros figuran como miembros de pleno derecho de un cuerpo respaldado por la ONU, y no como observadores invitados, a diferencia de cumbres previas de gobernanza como la de Bletchley en 2023.
Quién no está en la sala
El contraste lo marca la lista de ausentes. Entre los fundadores no aparecen organizaciones especializadas en derechos digitales, sindicatos ni asociaciones de trabajadores de datos, pese a que la propia comisión dice querer representar también a las comunidades afectadas por la tecnología.
La inquietud no es nueva. Un análisis de la Institución Brookings publicado en abril de 2026 halló que en anteriores cumbres de esta misma marca cerca de la mitad de los ponentes procedían de empresas tecnológicas, lo que alimenta la duda sobre qué intereses fijan la agenda.
En esa línea, más de treinta organizaciones civiles enviaron en abril una carta a los responsables del diálogo paralelo de la ONU para reclamar una participación sólida y constante de la sociedad civil en todas las fases del proceso, desde el diseño hasta la aplicación.
El reparto de poder también condiciona qué se puede decir. En 2025, la investigadora Abeba Birhane, invitada como ponente principal, denunció que la organización le pidió retirar de su charla, dos horas antes, las alusiones a Gaza, Palestina, Israel y el genocidio, algo que interpretó como censura.
La otra lectura
Reducirlo todo a una captura empresarial, sin embargo, sería injusto con el argumento que esgrime la UIT. La agencia defiende que sin las compañías que construyen y despliegan la IA resulta imposible cerrar la brecha digital, y recuerda que 2.200 millones de personas siguen sin conexión a internet.
Además, la comisión no es la única mesa de esa semana en Ginebra. En paralelo se celebra el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, un foro creado por la Asamblea General en el que, por primera vez, los 193 Estados miembros participan en la conversación. Y conviene subrayar que la comisión carece de poder vinculante.
La prueba llega después de Ginebra
El valor real del órgano se medirá por lo que produzca. La duda que sobrevuela la reunión es si saldrá de ella un mandato con responsables, plazos, financiación y mecanismos de seguimiento, o un comunicado de principios que casi nadie discute.
El momento no es casual. La cita llega pocos días después de que el panel científico independiente de la ONU, copresidido por Yoshua Bengio y Maria Ressa, advirtiera de que las capacidades de la IA avanzan más rápido de lo que los gobiernos pueden entender, probar o regular.
Por eso la composición importa tanto. Si los laboratorios de frontera se sientan dentro antes de que existan reglas obligatorias, obtienen una posición de ventaja para influir en las normas que vendrán, y ahí está el fondo del recelo. Lo que ocurra tras Ginebra dirá si el equilibrio se corrige o se consolida.
