Que las redes sociales pueden hacer daño a algunos adolescentes está cada vez más presente en el debate público, y esa preocupación empuja a muchos gobiernos hacia una respuesta directa, prohibirlas a los menores de dieciséis años. Australia abrió esa vía en diciembre de 2025 y varios países han empezado a seguirla.
Lo llamativo es quién se resiste. Buena parte de las organizaciones que llevan años alertando del peligro de las plataformas no aplaude el veto, y ahí está la paradoja que recorre todo este debate.
Su temor es de fondo. Creen que expulsar a las infancias de estos espacios apaga la señal de alarma más visible, pero deja intactas las causas del daño y, encima, puede abrir problemas nuevos que hoy no tenemos.
Conviene, de entrada, quitarle dramatismo al asunto. Hay pediatras y psiquiatras que piden el veto por precaución, ante lo que ven en consulta, así que el riesgo para ciertos menores se toma en serio. La duda no es tanto si las redes pueden hacer daño, sino si prohibirlas es la forma de evitarlo.
No lo impide, solo lo vuelve clandestino
El primer motivo para dudar es que apenas funciona. Seis meses después del veto australiano, más de seis de cada diez adolescentes que ya tenían cuenta seguían accediendo a alguna plataforma, según una encuesta de la Molly Rose Foundation, esquivando el control con VPN, fechas de nacimiento falsas o las credenciales de un familiar.
El problema es que no impedir el uso, sino empujarlo a la sombra, lo empeora. Si las familias creen que la ley ya resolvió el asunto, bajan la guardia justo cuando el menor sigue conectado a escondidas y, por miedo a que le riñan, con menos margen para pedir ayuda si algo va mal.
A eso se suma el destino de esa navegación oculta. Apartados de las plataformas grandes, que al menos tienen algo de moderación, muchos adolescentes se desplazan a espacios más pequeños y menos vigilados, donde riesgos como el acoso o el contacto con desconocidos pueden ser incluso mayores.
Hay incluso un efecto perverso poco comentado. Al ilegalizar las cuentas de menores se desactivan también los controles parentales que esas cuentas llevaban asociados, de modo que el chaval que sigue entrando lo hace ahora sin los límites de tiempo ni los filtros que antes sí tenía.
Trata el síntoma y no la enfermedad
Más allá de si se cumple, está la objeción que más pesa. El daño no nace de que un menor tenga cuenta, sino de cómo están hechas las plataformas para engancharle, así que vetar por edad no toca ese mecanismo, que sigue intacto para todos los demás.
El veto, en el mejor de los casos, aplaza el problema en lugar de resolverlo. Aparta al adolescente unos años del diseño adictivo, pero no obliga a cambiarlo, de modo que al cumplir los dieciséis se topará con las mismas dinámicas que hoy se consideran peligrosas, solo que un poco más tarde.
El veto puede crear daños nuevos
El riesgo más tangible llega con la verificación de edad. Comprobar quién es menor obliga a recopilar datos muy sensibles, un botín para los ciberdelincuentes, como se vio en octubre de 2025, cuando una brecha en un proveedor de Discord expuso unos setenta mil documentos de identidad.
El otro coste es menos visible. Para muchos adolescentes las redes son también socialización, aprendizaje y comunidad, sobre todo para quienes pertenecen a grupos vulnerables, así que un veto general puede arrebatarles apoyos reales sin resolver aquello de lo que se les quiere proteger.
Y hay una razón para la cautela que se cita poco. Buena parte de esta urgencia se apoya en una idea de daño que la ciencia todavía no ha cerrado, porque las revisiones disponibles describen asociaciones pequeñas e inconsistentes, sin causalidad clara, y ningún experimento de restricción ha incluido aún a menores de dieciséis.
Regular en lugar de expulsar
Frente al veto gana terreno otra vía, la de exigir que el entorno sea seguro en lugar de expulsar al usuario. En vez de echar al menor de la plataforma, la idea es obligar a la plataforma a rediseñarse, con topes al diseño adictivo, control de los algoritmos y alfabetización digital desde la escuela.
Esa es la dirección que empiezan a tomar algunas normativas, como la de Brasil, que ha exigido controles parentales accesibles, límites al diseño adictivo y más transparencia sobre los algoritmos. La idea de fondo es dejar de preguntarse cómo sacar a los menores de internet y empezar a exigir que internet sea seguro para ellos.
