La UE difícilmente cumplirá sus metas de extracción y procesamiento de materias primas estratégicas antes de 2030

El Tribunal de Cuentas Europeo advierte que la Unión Europea difícilmente alcanzará antes de 2030 los objetivos fijados en la Ley de Materias Primas Críticas para extraer, procesar y reciclar dentro de su territorio una parte relevante de los minerales esenciales para la transición energética. La alerta no es meramente técnica. Afecta a la competitividad industrial, a la reducción de la dependencia de China y a la viabilidad real de la autonomía estratégica en un contexto de tensiones geoeconómicas crecientes.

La legislación aprobada en 2024 establece metas concretas para esta década. La UE aspira a cubrir al menos el 10 por ciento de su consumo mediante extracción propia, alcanzar un 40 por ciento de procesamiento interno y garantizar que el 25 por ciento de las materias estratégicas provenga del reciclaje. Además, busca que ningún país concentre más del 65 por ciento de la cadena de valor europea.

Según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, cumplir esos porcentajes dentro del plazo previsto tiene pocas probabilidades de éxito. Las razones no son coyunturales, sino estructurales.

La concentración global de la producción y, sobre todo, del refinado en China convierte el desafío en algo más profundo que la apertura de nuevas minas. La vulnerabilidad europea no reside únicamente en la falta de yacimientos explotados, sino en la escasa capacidad industrial para transformar el mineral en materiales listos para baterías, electrónica o componentes energéticos.

El obstáculo más delicado no es solo geológico. Es tecnológico e industrial. Aunque Europa aumentara la extracción, seguiría dependiendo de infraestructuras de procesamiento que hoy se encuentran en gran medida fuera de su control.

A esa dependencia estructural se suma un desfase temporal difícil de ignorar. Un proyecto minero dentro de la UE puede tardar hasta veinte años en pasar de la exploración a la producción comercial. Ese horizonte choca con el calendario político de 2030.

En términos prácticos, incluso si se aceleraran permisos y financiación, muchos proyectos anunciados hoy no aportarían suministro significativo cuando la demanda europea alcance su punto más alto por la expansión de vehículos eléctricos, energías renovables y digitalización.

El impacto no sería marginal. La transición energética europea depende de minerales estratégicos para fabricar baterías, semiconductores, electrónica de potencia y sistemas de almacenamiento. También para desplegar turbinas eólicas, paneles solares y redes eléctricas más complejas.

Si el acceso a esos insumos se vuelve incierto o más caro, el efecto se traslada a cadenas de valor completas y afecta la capacidad de competir con economías que aseguran suministro mediante acuerdos bilaterales o políticas industriales más intensivas.

El informe también señala un riesgo circular. La falta de suministro estable desincentiva inversiones en nuevas plantas de refinado y procesamiento dentro de la UE. A su vez, la ausencia de esa capacidad industrial dificulta garantizar contratos de suministro a largo plazo, lo que frena proyectos mineros y acuerdos estratégicos.

El resultado es una dinámica en la que la inseguridad alimenta más inseguridad y la autonomía estratégica se convierte en un objetivo cada vez más lejano.

El reciclaje aparece como una vía complementaria en la Ley de Materias Primas Críticas, pero tampoco ofrece una solución inmediata. Las tecnologías avanzan, aunque el volumen disponible depende del ciclo de vida de los productos. Muchas baterías y dispositivos aún no han llegado al final de su uso masivo.

Además, el procesamiento secundario exige energía competitiva y costes contenidos. En Europa, los precios energéticos más elevados añaden presión a un modelo que ya enfrenta dificultades de rentabilidad.

A todo ello se suma la dimensión social y política. Impulsar nuevas explotaciones mineras dentro del territorio europeo genera resistencia en comunidades locales preocupadas por los impactos ambientales y paisajísticos. La autonomía estratégica no se construye en abstracto, sino en territorios concretos donde la aceptación social resulta determinante.

El Tribunal de Cuentas Europeo no cuestiona la necesidad de reducir la dependencia externa en materias primas críticas. Lo que pone en duda es el ritmo y la factibilidad de los objetivos fijados.

La transición energética europea se apoya en una base material que no puede improvisarse en pocos años. Entre la concentración del refinado en China, los largos plazos de desarrollo minero, los costes energéticos y las tensiones sociales, la autonomía estratégica aparece como un proyecto industrial de largo plazo más que como una meta alcanzable en el horizonte inmediato de 2030.

Fuente: European Court of Auditors