La UE recorta protecciones clave del RGPD y aplaza normas de la IA ante la presión de la industria

La Unión Europea ha iniciado un cambio notable en su estrategia regulatoria. Tras años defendiendo normas estrictas, la Comisión Europea propone modificar partes del RGPD y retrasar varias exigencias de la Ley de IA, movimientos que llegan después de presiones intensas por parte de grandes empresas tecnológicas y del gobierno estadounidense.

La reforma facilitaría el intercambio de datos anonimizados y seudonimizados entre empresas, y permitiría que modelos de IA utilicen datos personales siempre que se respete el marco general del RGPD. Para Bruselas, estos ajustes eliminarían obstáculos que frenaban desarrollos tecnológicos clave.

La Ley de IA, considerada una de las regulaciones más ambiciosas del mundo, también se ve afectada. Las obligaciones aplicables a los sistemas clasificados como de alto riesgo, previstas para entrar en vigor en verano, se pospondrán hasta que existan estándares técnicos y herramientas de cumplimiento plenamente consolidadas.

A nivel cotidiano, uno de los cambios más visibles será la reducción de los insistentes banners de cookies. Bajo la nueva propuesta, las cookies consideradas “sin riesgo” no generarán avisos, y las preferencias generales se podrán gestionar desde el navegador, evitando interrupciones constantes.

El paquete también introduce simplificaciones dirigidas a pequeñas empresas que desarrollan IA. Parte de la documentación y procesos de evaluación se reducirá, con el objetivo de no frenar a startups que compiten en un mercado dominado por gigantes tecnológicos globales.

Otro elemento destacado es la creación de una interfaz centralizada para que las empresas informen sobre incidentes de ciberseguridad. Esto busca unificar criterios, acelerar la respuesta a amenazas y reducir la duplicación de procesos en los distintos países miembros.

La Comisión insiste en que estos cambios no equivalen a debilitar derechos fundamentales, sino a ajustar una normativa que, según señalan, había generado cargas excesivas. Funcionarios europeos recalcan que la intención es equilibrar innovación y protección, sin renunciar al modelo europeo.

Sin embargo, la propuesta ha generado una respuesta crítica inmediata. Varios grupos de derechos digitales y organizaciones políticas consideran que Bruselas está cediendo ante la presión de la industria y cuestionan que estos cambios puedan poner en riesgo estándares que Europa ha defendido durante años.

El texto deberá pasar ahora por el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros, un proceso en el que podrían añadirse o eliminarse aspectos relevantes. Lo que sí parece claro es que el debate sobre el futuro regulatorio europeo será intenso y marcará la posición del continente en la competencia tecnológica global.