El proyecto de Microsoft en Aragón ha reactivado todas las alarmas sobre el consumo energético de los centros de datos. Según el PIGA, las tres instalaciones que la compañía prevé construir requerirían más electricidad que la consumida por toda la comunidad autónoma durante 2024.
La demanda total de Aragón fue de 9.955 GWh el año pasado, mientras que Microsoft necesitaría alrededor de 10.500 GWh para operar su región cloud. Esta cifra sitúa al proyecto por encima de la capacidad de consumo actual de la comunidad, obligando a replantear cómo se distribuirá la energía en los próximos años.
Las ubicaciones elegidas —La Muela, Villamayor de Gállego y un terreno cercano a Puerto Venecia en Zaragoza— concentran un tamaño y una demanda poco habituales. Cada centro podría alcanzar consumos comparables a ciudades enteras, algo sin precedentes en el territorio.
Aunque Aragón es una de las regiones con mayor producción renovable de España y exporta más de la mitad de su energía, el problema no es tanto la cantidad, sino cómo gestionar un incremento tan brusco de la demanda sin perjudicar a otros sectores productivos ni alterar los planes de transición ecológica.
Por el momento, Microsoft solo dispone de 50 MW aprobados en cada ubicación. El resto depende de concursos eléctricos del Ministerio, un proceso todavía en curso que genera incertidumbre sobre los plazos y la viabilidad real de las instalaciones.
El caso de Aragón no es aislado. Países como Irlanda o Países Bajos ya han tenido que frenar o limitar la expansión de centros de datos por tensiones en la red eléctrica. En España, en cambio, no existe todavía un marco regulatorio específico que contemple este impacto.
A esto se suma la expansión prevista de Amazon Web Services en la misma región, que ha solicitado conexiones de más de 300 MW. Si ambos proyectos avanzan, el consumo total podría multiplicarse por tres en una década, algo que modificaría por completo el equilibrio energético aragonés.
La falta de claridad sobre el origen de la energía, la necesidad de nuevas infraestructuras eléctricas y la competencia por recursos renovables sitúan a Aragón en un momento clave. La decisión final sobre estos centros de datos marcará la relación entre industria digital y política energética en los próximos años.