Documentos judiciales acusan a Meta de ocultar pruebas internas sobre daños de sus redes sociales

Los documentos judiciales que salieron a la luz esta semana en Estados Unidos volvieron a poner a Meta en el centro de una tormenta legal y mediática. Según una presentación realizada por distritos escolares que demandan a varias plataformas, la compañía habría ocultado durante años evidencia interna que sugería una relación directa entre el uso de su red social y daños en la salud mental de los usuarios, especialmente jóvenes.

La información pertenece a una demanda que agrupa a escuelas de distintos estados, las cuales acusan a Meta y a otras plataformas de crear productos adictivos, ignorar riesgos conocidos y priorizar el crecimiento por encima del bienestar de menores. Aunque el procedimiento judicial aún está en marcha, la filtración de los documentos ha generado preocupación entre expertos y familias, que ven en estos hallazgos una confirmación de sospechas que llevan tiempo circulando.

El caso afecta principalmente a Facebook, pero también se apoya en comparaciones con prácticas de otras redes sociales relevantes, como TikTok, Snapchat o YouTube. De acuerdo con los demandantes, existe un patrón que apunta a una estrategia generalizada dentro del sector: reconocer internamente los riesgos y, al mismo tiempo, minimizar o descartar esos hallazgos ante reguladores, legisladores y el público.

La acusación más contundente gira en torno a un proyecto interno de Meta llamado “Project Mercury”, un estudio realizado en 2020 junto con la firma de encuestas Nielsen. Según los documentos, la empresa investigó qué ocurría con usuarios que dejaban de usar Facebook durante una semana. El resultado habría sido inequívoco: esas personas reportaron menores niveles de ansiedad, depresión, soledad y comparación social.

Los demandantes aseguran que, en lugar de profundizar en el estudio o publicar sus conclusiones, Meta canceló la investigación y afirmó internamente que los resultados estaban sesgados por la “narrativa mediática negativa” que existía alrededor de la compañía. Pero los documentos incluyen mensajes de empleados que mostraban preocupación por frenar hallazgos que, según ellos, eran sólidos y consistentes con otros estudios. Uno de ellos comparó la situación con “la industria tabacalera ocultando información que sabía que era perjudicial”.

Meta, en el punto de mira por la gestión del bienestar de los adolescentes

Los fragmentos de documentos publicados también mencionan tensiones internas sobre las herramientas de seguridad para jóvenes. Los demandantes sostienen que la compañía implementó funciones de protección que sabían que eran poco efectivas, y que llegó a bloquear pruebas de nuevas medidas por temor a que limitaran el crecimiento de la plataforma entre menores.

Según la demanda, Meta tardaba en eliminar cuentas vinculadas a actividades riesgosas y mantenía umbrales extremadamente altos para expulsar usuarios que traficaban con menores. Un documento interno describía ese umbral como “muy, muy, muy alto”, una frase que ha generado un intenso debate sobre la gestión de riesgos dentro de la empresa.

La acusación también detalla que Meta revisó estudios que mostraban cómo el algoritmo, optimizado para maximizar el tiempo de uso, terminaba ofreciendo a adolescentes más contenido dañino o de comparación extrema. Pese a ello —según la querella— la compañía habría decidido mantener esos mecanismos intactos al considerarlos esenciales para su crecimiento.

Los demandantes sostienen que esto no solo dañó a menores, sino que sobrecargó a escuelas y distritos educativos, que han visto un aumento en problemas de salud mental relacionados con la exposición prolongada a redes sociales. Muchas de estas instituciones afirman que han tenido que invertir recursos en apoyo psicológico, mediación familiar y protocolos de prevención que, a su juicio, responden a un problema impulsado por las plataformas.

Meta ha rechazado todas las acusaciones. Andy Stone, portavoz de la compañía, afirmó que los documentos están “sacados de contexto” y que el estudio de Nielsen se detuvo porque tenía fallos metodológicos, no porque revelara conclusiones inconvenientes. Además, aseguró que la empresa lleva más de una década invirtiendo en herramientas de seguridad para jóvenes y en la creación de experiencias más saludables.

Una batalla legal que puede redefinir la regulación de las redes sociales

La demanda no involucra solo a Meta. Google, TikTok y Snapchat también son señalados por prácticas que, según los demandantes, ponen en riesgo a los jóvenes y ocultan problemas conocidos. En el caso de TikTok, los documentos hablan incluso de intentos de influir en organizaciones dedicadas a la infancia, como la Asociación Nacional de Padres y Maestros, mediante patrocinios diseñados para obtener apoyo público sobre la seguridad de la plataforma.

Aunque no existen aún fallos judiciales, el caso ya es considerado uno de los más relevantes de los últimos años sobre tecnología y salud pública. Lo que está en juego es la posibilidad de que un tribunal federal establezca que algunas de estas compañías ocultaron riesgos de forma deliberada, algo que podría abrir la puerta a compensaciones económicas millonarias y a una regulación mucho más estricta.

Expertos legales advierten que, si los documentos son aceptados como evidencia válida, Meta podría enfrentarse a un precedente similar al que afectó a grandes industrias en el pasado, como la del tabaco o la de los opioides. Sin embargo, también señalan que el proceso aún está lejos de concluir: la compañía ha pedido retirar parte de los documentos presentados, argumentando que la solicitud de divulgación es excesiva.

La audiencia clave tendrá lugar el 26 de enero en el Tribunal del Distrito Norte de California. Ese día, la jueza deberá decidir qué materiales se aceptarán y cuáles quedarán excluidos del caso. Paralelamente, legisladores estadounidenses han pedido explicaciones formales a Meta y han solicitado acceso a parte de los documentos revelados por la demanda.

Mientras tanto, el debate público sigue creciendo. Para muchos padres, educadores y expertos, lo revelado vuelve a poner en evidencia la necesidad de repensar cómo funcionan las redes sociales y qué mecanismos deben aplicarse para proteger a los usuarios más jóvenes.

Meta insiste en que está comprometida con la seguridad digital y que las acusaciones “no reflejan la realidad” del trabajo que realizan. Pero los demandantes sostienen que las pruebas internas cuentan una historia diferente: la de una compañía que, según ellos, sabía más de lo que admitía y decidió no actuar a tiempo.