República Dominicana refuerza su frontera y defiende su derecho a controlar la inmigración haitiana

El presidente Luis Abinader defendió nuevamente el fortalecimiento de la política migratoria como una medida necesaria para proteger la soberanía nacional. Según explicó, el incremento de la inmigración irregular desde Haití representa una amenaza directa para la estabilidad social y económica de República Dominicana. “No se trata de rechazar al pueblo haitiano, sino de garantizar el orden y el cumplimiento de nuestras leyes”, afirmó durante una conferencia reciente.

La frontera de más de 390 kilómetros entre ambos países es hoy una de las más vigiladas del Caribe. Desde finales de 2024, la Dirección General de Migración (DGM) mantiene un promedio de 30.000 deportaciones mensuales, lo que eleva a más de 215.000 haitianos los repatriados solo en 2025. Las autoridades aseguran que el procedimiento cumple con los estándares internacionales y que cada operación se realiza dentro del marco legal vigente.

Para el gobierno, la situación no es un asunto ideológico sino de gestión. “La frontera no puede ser un territorio sin control”, declaró el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración, quien advirtió que la presión migratoria afecta la salud pública, la educación y la seguridad laboral. Según el funcionario, el Estado dominicano tiene el deber de proteger sus recursos y mantener la estabilidad de sus comunidades fronterizas.

Impacto interno y respuesta del Estado

Los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios —donde la mano de obra haitiana es predominante— han experimentado ajustes ante el endurecimiento del control fronterizo. No obstante, las autoridades sostienen que el país no puede sostener indefinidamente un flujo migratorio que supera su capacidad de integración social. En varias provincias del norte y del sur, se ha incrementado el patrullaje y la cooperación entre municipios para ordenar los asentamientos informales.

Abinader también aceleró la construcción del muro fronterizo y reforzó la presencia militar en los puntos críticos. El plan incluye tecnología de vigilancia, torres de observación y un sistema digital de registro de entradas y salidas. La meta, explicó el presidente, es garantizar que el tránsito entre ambas naciones sea controlado, legal y transparente.

Las medidas han recibido críticas de algunos organismos internacionales, especialmente por los casos de mujeres haitianas embarazadas detenidas en hospitales públicos. El gobierno dominicano respondió que los protocolos sanitarios buscan ordenar los servicios, no excluir, y recordó que “ningún país puede cargar solo con el peso de la crisis haitiana”.

Entre la soberanía y la presión internacional

El discurso oficial de República Dominicana se mantiene firme, el control migratorio es un acto de soberanía, no de hostilidad. El país sostiene que ha brindado ayuda humanitaria en múltiples ocasiones, pero que su responsabilidad principal es con sus ciudadanos. “Defender nuestras fronteras no es xenofobia; es proteger nuestra nación”, subrayó Abinader ante la prensa local.

Con más de un millón de deportaciones acumuladas desde 2016, el gobierno dominicano insiste en que sus políticas buscan equilibrio, seguridad interna, respeto a la ley y compromiso con los derechos humanos. Mientras Haití sigue sumido en la violencia y la crisis institucional, República Dominicana reafirma su postura de control y orden como principio básico de gobernabilidad.