El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el 16 de septiembre de 2025 que la Oficina de Conflictos de Intereses está obligada a abrir diligencias sobre Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa. La decisión se volvió firme tras vencer el plazo para recurrir.
La sentencia reactiva un asunto que el propio organismo había cerrado en 2024, cuando archivó una denuncia presentada por el Partido Popular sin investigar en profundidad las posibles incompatibilidades del presidente del Gobierno.
El papel de la Oficina y el trasfondo judicial
La Oficina de Conflictos de Intereses depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, aunque goza de autonomía formal. En este caso, se limitó a rechazar la denuncia tras consultar con el Ejecutivo.
El TSJM consideró insuficiente esa actuación y reprochó que no se realizara ni la investigación más básica para descartar un posible conflicto. Por ello, ordenó que se tramiten las diligencias y se estudie el papel de Sánchez en las decisiones del Consejo de Ministros.
El rescate de Air Europa, aprobado en noviembre de 2020 y marzo de 2021, ascendió a 475 millones de euros. En aquel momento, la aerolínea atravesaba graves dificultades por la pandemia y era considerada estratégica para la conectividad española.
La controversia surge porque la esposa del presidente, Begoña Gómez, mantenía vínculos profesionales con Globalia, matriz de Air Europa, lo que abre la duda de si Sánchez debió abstenerse en la votación de las ayudas.
Reacciones políticas y acusaciones de favoritismo
El Partido Popular celebró la resolución como una victoria política. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, declaró que “Sánchez ha convertido Moncloa en un coworking” y señaló que la Justicia obliga ahora a investigar lo que el Gobierno había negado.
Desde Génova, fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo insistieron en que se trata de “un frente más” para el presidente, al que acusan de haber favorecido a su entorno en decisiones de gran impacto económico durante la pandemia.
El Ejecutivo, por su parte, evita pronunciarse de momento. La Oficina, pese a estar bajo su órbita, tendrá que abrir diligencias y remitir resultados, un escenario que prolongará la tensión política en los próximos meses.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la transparencia en el poder político en España. Más allá de lo que determine la investigación, la polémica refleja cómo las decisiones económicas estratégicas pueden derivar en sospechas de conflicto de intereses cuando afectan al entorno personal de los gobernantes.
