El Parlamento griego aprobó este miércoles una nueva legislación que endurece su política migratoria al establecer sanciones más severas para los solicitantes de asilo rechazados. La ley contempla multas de hasta 10.000 euros y acelera los procesos de devolución hacia los países de origen.
La medida llega tras un repunte de llegadas desde el norte de África, especialmente a través de las islas de Creta y Gavdos. El gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis considera que la presión migratoria amenaza la seguridad y ha reforzado las patrullas marítimas y fronterizas desde 2019.
Según la nueva normativa, los migrantes indocumentados que entren desde terceros países calificados como “seguros” por la Unión Europea deberán ser devueltos o enfrentarse a una detención mínima de 24 meses. El ministro de Migración, Thanos Plevris, defendió la ley afirmando que “los derechos de los griegos superan a los de quienes se encuentran ilegalmente en el país”.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó preocupación por el riesgo de penalizar a personas con necesidades reales de protección internacional. Grupos de derechos humanos han acusado además a Grecia de expulsiones forzadas en sus fronteras marítimas y terrestres.
Las autoridades griegas aseguraron que ya se han devuelto cientos de migrantes irregulares tras la suspensión de solicitudes de asilo en julio, y que están previstos más vuelos hacia Pakistán, Bangladesh y Egipto para este mes. El debate sobre la ley refleja la tensión entre la política de control migratorio y las obligaciones internacionales de protección a refugiados.
