Estados Unidos obtuvo información de inteligencia que mostraba que abogados militares israelíes habían advertido sobre posibles pruebas de crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva en Gaza. Según reveló Reuters, los documentos señalaban dudas dentro del propio ejército israelí sobre la legalidad de sus tácticas, pese a la defensa pública del Gobierno de Israel.
Cinco exfuncionarios estadounidenses aseguraron que los informes fueron compartidos con altos cargos de Washington y provocaron un intenso debate interno. La información generó preocupación en la administración Biden, que temía ser considerada cómplice si se comprobaba que las operaciones israelíes violaban el derecho internacional.
Las filtraciones llegaron a la Casa Blanca a finales de 2024, justo antes del traspaso de poder a Donald Trump. Para entonces, el número de víctimas palestinas superaba las 68.000, según fuentes sanitarias de Gaza, mientras Israel sostenía que al menos 20.000 de ellas eran combatientes de Hamás.
Los documentos, descritos como una de las revelaciones más delicadas del conflicto, motivaron reuniones urgentes en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
Debate interno en Washington sobre el apoyo militar a Israel
La inteligencia estadounidense obligó al equipo de Biden a discutir si debía frenar los envíos de armas o la cooperación estratégica con Israel. Una decisión en ese sentido habría tenido implicaciones legales, ya que la ley estadounidense prohíbe brindar apoyo a gobiernos acusados de violar las normas de guerra. Sin embargo, los asesores concluyeron que no existían pruebas propias de ataques deliberados contra civiles.
Pese a las advertencias, el presidente mantuvo el respaldo militar a Israel. Algunos funcionarios consideraron que esa decisión respondía más a motivos políticos que jurídicos, pues temían que cortar el suministro de armas debilitara la posición de Estados Unidos en las negociaciones con Hamás.
Varios abogados del Departamento de Estado habían alertado meses antes a Antony Blinken de que las operaciones israelíes podían constituir crímenes de guerra. Esa preocupación se reflejó en un informe de mayo de 2024 en el que Washington reconocía posibles violaciones del derecho internacional, aunque sin emitir conclusiones definitivas.
Con la llegada del nuevo gobierno, el debate se cerró abruptamente y se adoptó una política más alineada con las autoridades israelíes.
Reacciones internacionales y negativas desde Israel
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa y el líder de Hamás, Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra. Israel rechazó la jurisdicción del tribunal y calificó las acusaciones de motivadas políticamente, insistiendo en que su campaña militar tenía como único objetivo a los militantes.
Funcionarios israelíes afirman que el ejército busca minimizar los daños a civiles y que investiga cerca de dos mil incidentes de presunta mala conducta. Sin embargo, las revelaciones de inteligencia estadounidense reavivaron las tensiones diplomáticas y el debate sobre la complicidad de Washington en la guerra de Gaza.
Ni la oficina del primer ministro israelí ni el Departamento de Estado respondieron a las preguntas de Reuters sobre el contenido de los informes. La Casa Blanca, por su parte, se limitó a reiterar que no comenta asuntos de inteligencia.
