El Tribunal Supremo de Estados Unidos mostró un fuerte escepticismo ante la autoridad de Donald Trump para imponer aranceles globales mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Durante los alegatos, varios jueces subrayaron que esa ley no menciona tarifas, sino únicamente restricciones comerciales en casos de emergencia nacional.
Solo dos magistrados defendieron la interpretación amplia del Ejecutivo. El resto dejó entrever que el presidente podría haber sobrepasado los límites legales, lo que abriría la puerta a anular miles de millones de dólares en aranceles aplicados durante su mandato.
Si el fallo resulta adverso para la Casa Blanca, la administración tendría que buscar nuevas bases legales para mantener su política comercial. Los analistas advierten que ese proceso podría extender la incertidumbre y afectar las decisiones de inversión a corto plazo.
Un fallo con impacto económico y político
Las empresas estadounidenses observan con inquietud el proceso. La posibilidad de un reembolso masivo de aranceles —que supera los 100.000 millones de dólares— ha sido calificada por la jueza Amy Coney Barrett como un posible “desastre” administrativo. En cambio, otros magistrados sugieren limitar la decisión solo a cobros futuros para evitar el colapso del sistema aduanero.
Los economistas señalan que incluso un fallo contra Trump no eliminaría el riesgo de nuevas tarifas, ya que podría recurrir a otras leyes como la Sección 232 o la Sección 122, que permiten aranceles por motivos de seguridad o desequilibrios comerciales.
El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, advirtió que la prolongación del conflicto comercial puede afectar el crecimiento y generar presión sobre la política monetaria. En cualquier caso, el litigio refleja la tensión entre el poder presidencial y los límites legales que definen la política económica de Estados Unidos.
