La millonaria apuesta de Nvidia en OpenAI desata expectativas e inquietudes antimonopolio en la industria tecnológica
La alianza de hasta 100.000 millones de dólares entre Nvidia y OpenAI busca expandir la computación de frontera, pero también despierta temores regulatorios y de competencia global
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Nvidia anunció su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI y suministrarle sistemas para centros de datos, en una alianza que entrelaza a dos protagonistas de la carrera global por la inteligencia artificial. La operación se articularía mediante acciones sin derecho a voto y compras de hardware, según avanzaron ambas compañías.
Las partes firmaron una carta de intención para desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia para OpenAI, mientras ultiman los términos de colaboración. El objetivo declarado por OpenAI es ampliar su acceso a computación avanzada para sostener el desarrollo de modelos de frontera en un entorno cada vez más competitivo.
De materializarse los acuerdos definitivos, OpenAI destinaría inicialmente 10.000 millones de dólares a la adquisición de sistemas de Nvidia. La compañía de IA fue valorada recientemente en 500.000 millones de dólares, y prevé empezar a recibir el primer gigavatio de potencia en la segunda mitad de 2026 sobre la próxima plataforma “Vera Rubin”.
Qué contempla el acuerdo propuesto y por qué es relevante
El esquema prevé dos transacciones separadas pero vinculadas: la inversión financiera de Nvidia y, posteriormente, la compra de sistemas por parte de OpenAI con ese capital. Para Nvidia, el pacto refuerza su posición en el suministro de aceleradores para IA; para OpenAI, facilita el acceso a capacidad de cómputo crítica.
El anuncio impulsó a Nvidia en bolsa y animó a actores del ecosistema de centros de datos. Oracle, que colabora con OpenAI, SoftBank y Microsoft en el proyecto “Stargate” de megacentros de IA, también registró avances tras conocerse la carta de intención.
A nivel industrial, el movimiento subraya el elevado umbral de inversión de la IA de frontera: chips, centros de datos y energía concentran la actividad en unas pocas firmas capaces de financiar despliegues a escala multigigavatio.
Las dudas: competencia, “circularidad” y escrutinio regulatorio
Analistas han señalado el riesgo de “circularidad”: parte del dinero invertido por Nvidia podría regresar a la propia empresa vía compras de chips. Aunque el diseño del acuerdo es común en alianzas estratégicas, la magnitud del compromiso aviva el debate sobre incentivos y neutralidad comercial.
Con Nvidia controlando más de la mitad del mercado de GPU para centros de datos, académicos en derecho de la competencia advierten que una participación financiera en OpenAI podría crear incentivos para condiciones preferentes (precio o tiempos de entrega) respecto a otros clientes. Nvidia afirma que seguirá priorizando “a cada cliente, con o sin participación accionaria”.
En Washington, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio ya habían repartido funciones para vigilar competencia en la pila de IA. Desde el área antimonopolio del DOJ se ha subrayado que la aplicación de la ley debe centrarse en conductas excluyentes que limiten el acceso a insumos y a canales de distribución clave.
El contexto político también pesa: mientras la administración Trump ha mostrado un enfoque más pro-empresa, funcionarios han reiterado que proteger la competencia forma parte del plan nacional de IA. Cualquier revisión oficial evaluaría si el acuerdo acelera el crecimiento del sector o puede frenarlo al elevar barreras de entrada.
Fuente: Reuters
❓ Preguntas frecuentes
Nvidia podría invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI, combinando aportaciones financieras y suministro de sistemas avanzados para centros de datos.
OpenAI accedería a la infraestructura de cómputo necesaria para mantener su liderazgo en modelos de inteligencia artificial y ampliar su capacidad de desarrollo.
Porque Nvidia controla gran parte del mercado de chips para IA y su inversión en OpenAI podría derivar en condiciones preferentes que afecten a la competencia.
El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio vigilan posibles conductas anticompetitivas, aunque la administración Trump ha mantenido un enfoque pro-empresa.
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