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El hidrógeno verde ha dejado de ser una mera promesa tecnológica para consolidarse como el eje de una competencia geoestratégica entre potencias globales. Desde Alemania hasta Arabia Saudita, pasando por Estados Unidos, China o Chile, los gobiernos han puesto en marcha planes multimillonarios para posicionarse en el liderazgo de esta fuente energética limpia, que promete revolucionar industrias enteras y reducir drásticamente las emisiones globales de carbono.
A diferencia del hidrógeno gris o azul, el verde se obtiene mediante electrólisis alimentada por energías renovables, lo que elimina por completo las emisiones contaminantes en su producción. Esta característica lo convierte en una herramienta clave para descarbonizar sectores altamente dependientes de los combustibles fósiles, como el acero, la aviación, el transporte marítimo o los fertilizantes. Además, podría almacenar excedentes energéticos de fuentes como la solar o eólica, actuando como vector de estabilidad para las redes eléctricas.
Pero a pesar de su potencial transformador, el hidrógeno verde enfrenta obstáculos significativos. En primer lugar, la eficiencia energética de su producción todavía es baja: se pierde cerca del 70% de la energía en el proceso completo desde la electrólisis hasta su uso final. Además, requiere grandes cantidades de agua desmineralizada y materiales críticos para la fabricación de electrolizadores, lo que puede generar tensiones en regiones con escasez hídrica o dependencia tecnológica.
Otro desafío crucial es la falta de infraestructura. La producción, almacenamiento, transporte y distribución del hidrógeno aún están en fases iniciales, lo que encarece su adopción a gran escala. La creación de corredores internacionales de hidrógeno, como los que se proyectan entre América Latina y Europa o entre Australia y Asia, implican inversiones colosales en puertos, gasoductos, tecnologías de licuefacción y sistemas de reconversión industrial.
A esto se suma una creciente tensión geopolítica. Al igual que el petróleo o el gas en siglos anteriores, el control de los flujos de hidrógeno podría reconfigurar las relaciones internacionales. Países con abundantes recursos solares y eólicos, como Marruecos, Namibia o Argentina, podrían emerger como exportadores estratégicos, mientras que potencias industriales buscarán asegurarse un suministro estable mediante tratados, financiamiento de proyectos y alianzas diplomáticas.
Sin embargo, esta transformación conlleva riesgos éticos y sociales que no deben ignorarse. La instalación de megaplantas de hidrógeno podría desplazar comunidades locales, competir por recursos vitales como el agua, y reproducir dinámicas extractivistas que históricamente han marginado a los más vulnerables. La transición energética, si bien urgente, no puede replicar los errores del modelo fósil que pretende sustituir.
Por ello, la verdadera revolución del hidrógeno verde no será solo tecnológica, sino política. Implica decidir cómo se distribuyen los beneficios, quién controla los medios de producción, y qué impacto tendrá en los territorios y las personas. Se necesita una gobernanza multilateral que asegure transparencia, equidad y sostenibilidad, así como marcos regulatorios claros que eviten la especulación y fomenten la innovación justa.
La carrera ha comenzado, pero aún estamos a tiempo de redirigir su rumbo. El hidrógeno verde puede ser una oportunidad única para construir un nuevo pacto energético mundial. Pero para que ese futuro sea verdaderamente verde, no basta con cambiar de combustible: debemos cambiar de lógica.
