El retorno silencioso de los regímenes autoritarios: cómo crecen sin tanques ni golpes de Estado

El siglo XXI ha sido testigo de un fenómeno inquietante: el regreso del autoritarismo, no por medio de tanques ni revoluciones, sino a través de urnas, reformas legales y narrativas nacionalistas. Países con instituciones democráticas han empezado a transitar caminos cada vez más estrechos para la disidencia, la prensa libre y los controles del poder.

A diferencia de los regímenes militares del siglo pasado, los nuevos líderes autoritarios no cancelan las elecciones: las transforman en rituales vacíos. Tampoco cierran los parlamentos: los convierten en mayorías sumisas. Desde Rusia hasta Turquía, de Hungría a Nicaragua, el patrón se repite: concentración del poder, desmantelamiento progresivo de contrapesos y represión selectiva disfrazada de legalidad.

Cómo muere una democracia sin disparos

El socavamiento institucional suele comenzar con ataques al Poder Judicial, la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. Los líderes presentan estos sectores como "enemigos del pueblo" o instrumentos de élites extranjeras. Luego vienen las reformas constitucionales, que permiten la reelección indefinida, el control del sistema electoral o la limitación del pluralismo político.

El control de los medios se vuelve estratégico. Se compran canales, se acallan voces críticas, se legisla sobre lo que puede o no decirse. En algunos casos, se utiliza el aparato judicial para perseguir opositores, disolver partidos o impedir candidaturas incómodas. Todo con apariencia de legalidad, bajo la bandera del orden o la soberanía nacional.

Lo más alarmante es que este proceso cuenta con apoyo popular sostenido. Parte de la población, frustrada por la inseguridad, la corrupción o la crisis económica, cede libertades a cambio de una aparente estabilidad. El autoritarismo ya no necesita uniformes ni censura directa: se alimenta del desencanto democrático.

Casos que revelan un patrón global

Vladimir Putin ha transformado Rusia en un régimen donde la oposición real está proscrita, los medios independientes clausurados y las reformas constitucionales le permiten permanecer en el poder hasta 2036. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan consolidó un sistema presidencialista tras un intento fallido de golpe en 2016, extendiendo su control sobre el poder judicial, la educación y la religión.

En América Latina, Nicaragua bajo Daniel Ortega representa el caso más extremo. La represión de protestas, la criminalización de la disidencia y la captura total del Estado han convertido al país en una dictadura de facto, a pesar de mantener elecciones. En El Salvador, Nayib Bukele concentra poder sin precedentes con amplio respaldo popular y medidas de excepción que preocupan a organismos internacionales.

Incluso en democracias consolidadas, se observan retrocesos. En Hungría, Viktor Orbán modificó leyes electorales, tomó control del sistema judicial y medios de comunicación, y debilitó a la sociedad civil. En India, Narendra Modi enfrenta críticas por presionar a la prensa y reprimir a minorías, sin renunciar a la fachada electoral.

La erosión democrática también es una amenaza global

La expansión del autoritarismo no solo afecta derechos internos: también cambia la dinámica internacional. Gobiernos con control absoluto buscan expandir su influencia, debilitar las democracias vecinas y desafiar los equilibrios multilaterales. En organismos como la ONU, se alían para frenar resoluciones sobre derechos humanos o limitar sanciones.

Además, la normalización del autoritarismo “legal” genera un efecto contagio. Líderes de otros países adoptan tácticas similares, adaptadas a su contexto, para extender sus mandatos, silenciar críticas o desarmar a sus adversarios políticos. La ambigüedad jurídica, la desinformación y el uso estratégico de la tecnología contribuyen al debilitamiento del modelo democrático clásico.