El estado de California ha emprendido acciones legales contra varias empresas por vender bolsas de plástico que, pese a ser promocionadas como reciclables, terminaban en vertederos o incineradoras. Según el fiscal general Rob Bonta, estas compañías violaron las leyes estatales de marketing ambiental y publicidad engañosa.
La demanda se dirige contra Novolex Holdings, Inteplast Group y Mettler Packaging, acusadas de inducir al error a los consumidores y de dificultar los esfuerzos del estado para reducir la contaminación plástica. Paralelamente, cuatro fabricantes —Revolution Sustainable Solutions, Metro Poly, PreZero US Packaging y Advance Polybag— acordaron un arreglo con el gobierno estatal.
Como parte del acuerdo, estas empresas deberán pagar 1,8 millones de dólares en multas y suspender la venta de bolsas de plástico recicladas en California. El fiscal Bonta subrayó que las sanciones buscan enviar un mensaje claro: “ninguna corporación está por encima de la ley ni puede engañar a los consumidores con falsas promesas ecológicas”.
Las investigaciones comenzaron hace casi tres años, después de que la Comisión Estatal de Reciclaje denunciara el uso de etiquetas y símbolos engañosos en productos que no podían ser reciclados dentro del sistema californiano. Las autoridades señalaron que estos errores terminaban socavando los programas de reciclaje locales.
El problema se agravó tras la prohibición de 2017 de las bolsas plásticas de un solo uso, que permitía a los comercios vender bolsas más gruesas si se declaraban reciclables. Sin embargo, muchas de esas bolsas, por su composición o falta de infraestructura, acababan desechadas junto con la basura común.
Expertos ambientales celebraron la decisión, destacando que las acciones legales refuerzan la transparencia y la responsabilidad corporativa en el sector. “Decir que algo es reciclable sin que realmente lo sea genera confusión y frena el progreso hacia una economía circular”, explicó un portavoz del grupo Californians Against Waste.
Con estas medidas, California busca consolidarse como referente en la lucha contra la contaminación plástica y el greenwashing. El estado ya prepara nuevas regulaciones que exigirán pruebas verificables de reciclabilidad antes de que un producto pueda ser etiquetado como sostenible o ecológico.
