La Unión Europea trabaja en un mecanismo de apoyo para las naciones más afectadas por su nuevo impuesto fronterizo al carbono, una medida que grava las importaciones según su nivel de emisiones contaminantes. El objetivo es evitar tensiones comerciales y facilitar una transición justa hacia una economía más verde.
El ajuste, conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), busca equiparar los costos entre las empresas europeas sujetas a regulaciones climáticas y las que operan en países con normativas más laxas. Sin embargo, varios gobiernos han expresado preocupación por su impacto económico.
Según fuentes comunitarias, la Comisión Europea estudia crear un fondo de asistencia técnica y financiera destinado a socios comerciales cuyas exportaciones se vean especialmente afectadas por el nuevo esquema. Entre los beneficiarios potenciales se encuentran países del norte de África y Europa del Este.
“El objetivo no es penalizar a nadie, sino incentivar una producción más limpia y sostenible”, declaró un portavoz del Ejecutivo comunitario, al subrayar que las medidas de apoyo podrían incluir inversiones en energías renovables y tecnología de captura de carbono.
El impuesto entrará plenamente en vigor en 2026, pero su fase de transición ya comenzó este año con el registro obligatorio de emisiones para importadores de acero, cemento, fertilizantes y otros productos intensivos en carbono.
Bruselas confía en que este mecanismo ayude a reforzar los compromisos climáticos globales, aunque expertos advierten que podría reconfigurar el comercio internacional y agravar las desigualdades entre países industrializados y en desarrollo.
