El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió del padrón de importadores de hidrocarburos a la empresa Portacelis Gas and Oil S.A. de C.V. por defraudación fiscal y aduanera. La autoridad detectó diferencias significativas entre el peso declarado en aduanas y la cantidad real de diésel que ingresó a México desde Estados Unidos.
Según la investigación, la compañía manipuló documentos en pedimentos de importación y fichas de embarque, declarando cantidades menores al combustible transportado en ferrotanques y buques tanque. Con ello habría evadido el pago de impuestos por millones de litros de diésel.
El 1 de agosto de 2025 se oficializó la suspensión, luego de que se confirmaran irregularidades en operaciones realizadas a través de las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, así como en la terminal marítima del puerto de Veracruz. La decisión impide a Portacelis continuar con importaciones de hidrocarburos en el país.
Los permisos exprés en el sexenio pasado
La sanción se suma a las críticas sobre la forma en que la empresa obtuvo sus permisos. El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Energía autorizó a Portacelis importar más de 52 millones de litros de diésel, con un valor estimado de 335 millones de dólares anuales.
La compañía había sido constituida en Villahermosa, Tabasco, apenas semanas antes de recibir la autorización. Sin experiencia previa en el sector energético ni infraestructura propia, logró posicionarse entre las ocho empresas que concentraron permisos de importación de diésel y gasolina durante ese periodo.
El caso ha generado señalamientos de posibles vínculos con redes empresariales cercanas a contratistas del gobierno anterior. Entre los socios fundadores figuran personas relacionadas con Amílcar Olán Aparicio, empresario que recibió contratos en distintos proyectos federales, incluido el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
Con esta suspensión, Portacelis Gas and Oil se suma a la lista de compañías acusadas de huachicol fiscal, un esquema de evasión de impuestos mediante la manipulación de bitácoras, permisos y documentos aduaneros. El SAT mantiene abiertas investigaciones contra otras firmas que habrían operado de forma similar en los últimos años.
