La influencia de Elon Musk en la administración de Donald Trump ha alcanzado un nuevo nivel con su liderazgo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa destinada a reducir la burocracia y optimizar el gasto federal. Sin embargo, su rápida incursión en el gobierno ha levantado preocupaciones sobre la legalidad y transparencia del proceso.

Apenas unos días después de asumir su rol en DOGE, Musk ha obtenido acceso a bases de datos gubernamentales clave, incluidas las del Departamento del Tesoro, encargadas de los pagos federales. Esta acción ha sido facilitada por una orden ejecutiva de Trump, que designó a Musk como "empleado especial del gobierno", permitiéndole operar con menos restricciones que otros funcionarios federales.

El proyecto DOGE ya ha tenido consecuencias significativas. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) cerró su sede en Washington, y más de 1.000 empleados han sido despedidos o suspendidos debido a la congelación de fondos. Musk y su equipo también han anunciado la posible eliminación de agencias como la Oficina de Responsabilidad del Gobierno y el Departamento de Educación, alegando ineficiencia en el uso de los recursos públicos.

La falta de supervisión del Congreso y la designación de personal externo a DOGE han generado acusaciones de que Musk está operando fuera del marco legal. Varios legisladores, incluidos demócratas y algunos republicanos, han expresado su preocupación por la centralización del poder en manos de un empresario sin cargos electos. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, calificó el proyecto como un "gobierno en la sombra" que amenaza la estabilidad institucional del país.

Musk ha defendido sus acciones en redes sociales, asegurando que su objetivo es eliminar el despilfarro gubernamental y optimizar la administración pública. Sin embargo, su falta de transparencia sobre los despidos y los cambios presupuestarios han alimentado el escepticismo. Además, sus publicaciones han sido polémicas, incluyendo afirmaciones no verificadas sobre el uso de fondos gubernamentales y amenazas legales contra quienes critican su gestión.

Mientras tanto, el fiscal federal interino de Washington D.C., Edward Martin, ha advertido sobre posibles acciones legales contra quienes interfieran con las operaciones de DOGE. La administración Trump ha respaldado a Musk, asegurando que todas sus decisiones son supervisadas y que cualquier acción ilegal será corregida. Sin embargo, la falta de claridad sobre los límites de su autoridad ha dejado abierta la posibilidad de una batalla legal y política en los próximos meses.

El futuro del proyecto DOGE sigue siendo incierto. Mientras algunos ven a Musk como un reformador dispuesto a modernizar el gobierno, otros lo consideran una amenaza a la institucionalidad democrática. La controversia en torno a su papel dentro de la administración Trump no muestra signos de disminuir, y el impacto de sus decisiones podría marcar un antes y un después en la estructura del gobierno federal estadounidense.