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La vasta extensión helada de Groenlandia, territorio autónomo danés de crucial importancia estratégica en el Ártico, vuelve a ser foco de atención en Washington y Silicon Valley. Informes recientes indican que el presidente Donald Trump, junto a influyentes magnates tecnológicos como Peter Thiel, Elon Musk y Sam Altman, estarían explorando activamente la posibilidad de impulsar el desarrollo de una "ciudad libre" o enclave tecnológico con mínima regulación en la isla. Esta iniciativa, que va más allá de la anterior propuesta de compra directa por parte de Trump, se enmarca en una visión que combina intereses geopolíticos con ideales libertarios y ambiciones de innovación sin restricciones.
El concepto central detrás de esta propuesta es el de las "charter cities" (ciudades estatutarias o carta), zonas geográficas que operarían bajo un marco legal y regulatorio especial, distinto al del país anfitrión, diseñado para atraer inversión y fomentar la experimentación tecnológica y social a gran escala. Esta idea ha sido largamente promovida por figuras como Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, quien ve en estos enclaves una vía para escapar de lo que considera una burocracia estatal asfixiante. La posible nominación de Ken Howery, antiguo socio de Thiel, como embajador en Dinamarca, es interpretada por algunos analistas como un movimiento estratégico para facilitar estas conversaciones.
Este interés por Groenlandia no surge en el vacío. Se inspira en proyectos existentes y visiones paralelas dentro del ecosistema tecnológico. Próspera, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras que opera con un alto grado de autonomía legal, es a menudo citada como un modelo, aunque no exento de controversias. Asimismo, iniciativas como Praxis, respaldada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, buscan crear nuevas ciudades desde cero, y sus fundadores han explorado públicamente locaciones remotas, incluyendo Groenlandia, como posibles "campos de prueba" para modelos de gobernanza y tecnología futurista.
La importancia geopolítica de Groenlandia es innegable y añade una capa de complejidad a cualquier proyecto de esta naturaleza. La isla alberga la Base Aérea de Thule (recientemente renombrada Pituffik Space Base), un componente vital del sistema de alerta temprana y defensa de misiles de Estados Unidos. Además, el deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas rutas marítimas árticas y revelando vastos depósitos de recursos naturales, incluyendo minerales de tierras raras esenciales para la tecnología moderna, lo que intensifica el interés estratégico de potencias como EE.UU., Rusia y China en la región.
La administración Trump ya había mostrado un interés explícito en la isla, llegando a proponer su compra a Dinamarca en 2019, oferta que fue rotundamente rechazada. Fuentes cercanas al actual círculo de Trump sugieren que la estrategia ahora es más sutil, enfocándose en la creación de zonas económicas especiales o ciudades autónomas que, en la práctica, podrían generar una significativa influencia estadounidense en el territorio. La retórica empleada por algunos ideólogos de este movimiento, como Shervin Pishevar, evoca un "nuevo Destino Manifiesto", adaptando la vieja doctrina expansionista estadounidense a la era digital y tecnológica.
La reacción oficial tanto de Dinamarca como del gobierno autónomo de Groenlandia ha sido de cautela y firmeza en la defensa de su soberanía. El primer ministro groenlandés, Múte Bourup Egede, ha reiterado en diversas ocasiones que "Groenlandia no está en venta ni en alquiler, y nuestro futuro lo decidimos nosotros". Sin embargo, la presión económica y diplomática, combinada con las promesas de inversión masiva y desarrollo tecnológico, crea un escenario complejo para las autoridades locales y para Copenhague.
La visión de una Groenlandia transformada en un hub de inteligencia artificial, biotecnología avanzada y energía limpia, libre de las "ataduras" regulatorias occidentales, resulta atractiva para sus promotores. Argumentan que permitiría acelerar la innovación a un ritmo sin precedentes. No obstante, esta visión choca frontalmente con preocupaciones sobre la soberanía territorial, los derechos de la población local Inuit, el impacto ambiental en un ecosistema frágil y la posibilidad de crear paraísos fiscales o regulatorios con escasa supervisión democrática.
Más allá de la viabilidad técnica o económica, la propuesta de una "ciudad charter" tecnológica en Groenlandia plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la gobernanza, la relación entre el poder tecnológico y el poder estatal, y la ética de exportar modelos de desarrollo específicos a territorios con realidades sociales y culturales propias. ¿Representa esta iniciativa una oportunidad genuina para el progreso y la innovación, o es una manifestación contemporánea de ambiciones imperiales bajo un nuevo disfraz tecnológico? El debate sobre el futuro del Ártico, y de Groenlandia en particular, apenas ha comenzado a calentarse.
