Venezuela vuelve al carbón como fuente de ingresos en medio del colapso petrolero

Ante las sanciones de Estados Unidos y el colapso de la industria petrolera, el gobierno de Nicolás Maduro ha apostado por reactivar la producción de carbón como vía para obtener ingresos rápidos. Según fuentes empresariales, Venezuela planea exportar más de diez millones de toneladas de este mineral en 2025, en colaboración con la empresa turca Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik AS.

La estatal Carbozulia retomó la actividad en las minas Paso Diablo y Mina Norte, ubicadas en el estado Zulia, luego de años de inactividad. La producción se destina principalmente a Turquía, que actúa como intermediario para la venta del carbón venezolano en otros mercados europeos. Para Caracas, se trata de una alternativa legal, ya que el carbón no está sujeto a las sanciones internacionales impuestas al petróleo.

El gobierno asegura que esta estrategia permitirá generar divisas, crear empleos y fortalecer el crecimiento interno. Maduro ha defendido públicamente la medida como parte de su plan para “diversificar la economía” y reducir la dependencia del crudo. Sin embargo, dentro del país las críticas apuntan a que el nuevo impulso minero repite viejos errores del modelo extractivista.

Impacto ambiental y tensiones locales por la minería

En las zonas cercanas a las minas, los residentes denuncian que la actividad minera ha contaminado ríos, suelos y cultivos. Organizaciones como Sociedad Homo et Natura afirman que el polvo de carbón se ha extendido sobre las comunidades, afectando la salud de los habitantes y el ganado. “Ya no se puede vivir aquí, el carbón está en nuestras casas, en el agua y en los animales”, expresó una vecina de Paso Diablo.

Los líderes indígenas de La Guajira también alertan sobre el desplazamiento de familias y la pérdida de tierras tradicionales. Según sus testimonios, la expansión minera avanza sin evaluaciones ambientales transparentes ni participación de las comunidades afectadas. A pesar de que Carbozulia ha prometido medidas de mitigación, como controles de emisiones y tratamiento de escorrentías, en la práctica no se han implementado plenamente.

El contraste es evidente: mientras el gobierno celebra un repunte económico de casi 9% en el último trimestre, las poblaciones del Zulia viven rodeadas de polvo negro, agua contaminada y precariedad. Los agricultores aseguran que los cultivos ya no crecen como antes, y que los animales mueren por falta de agua limpia.

Para expertos ambientales, el retorno al carbón es un retroceso en un momento en que gran parte de América Latina avanza hacia energías renovables. Países como Chile y Uruguay han reducido drásticamente el uso del carbón, mientras que Venezuela reabre minas con tecnología obsoleta y poca regulación.

A nivel internacional, la producción venezolana sigue enfrentando obstáculos: los recientes ataques en el Caribe han interrumpido exportaciones y saturado el almacenamiento local. Aun así, el gobierno insiste en que el carbón es clave para mantener la economía a flote mientras se buscan nuevos aliados energéticos.

En un país golpeado por la inflación y la crisis de servicios, la apuesta por el carbón puede ofrecer un alivio temporal, pero también profundiza las desigualdades y amenaza los ecosistemas del occidente venezolano. Lo que hoy se presenta como una solución económica podría convertirse en un nuevo foco de conflicto ambiental y social.