El Gobierno federal reconoció que un avión no tripulado de Estados Unidos sobrevoló zonas del Estado de México para colaborar en una investigación especial contra la delincuencia organizada. La misión, según las autoridades, fue solicitada por México y se realizó bajo supervisión directa para garantizar el respeto a la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que la aeronave fue operada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés), y que el objetivo no tuvo relación con migración, sino con un caso específico de seguridad pública.
“Es a petición del Gobierno de México. Se establecen condiciones muy claras: que sea en la zona solicitada, que haya monitoreo permanente y que se cumpla con protocolos de colaboración y respeto a las soberanías”, dijo Sheinbaum. Agregó que no es la primera vez que se utiliza este tipo de recurso, ya que se ha hecho en administraciones anteriores.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el vuelo se llevó a cabo en áreas como Tejupilco y Valle de Bravo, donde operan grupos criminales como La Familia Michoacana. La operación, afirmó, se coordinó de forma conjunta con autoridades mexicanas.
El dron empleado fue identificado como un MQ-9B, fabricado por General Atomics Aeronautical Systems. Este modelo, de uso militar, cuenta con versiones SkyGuardian y SeaGuardian, y puede equiparse para vigilancia avanzada e incluso portar armamento, aunque en este caso su uso fue estrictamente de observación.
De acuerdo con datos de seguimiento de vuelo del portal Flightradar24, la aeronave despegó desde el Aeropuerto Regional de San Angelo, en Texas, alrededor de las 4:00 a. m. (hora del Este) del miércoles. Realizó un levantamiento aéreo en 3D para obtener información de alta precisión.
La presidenta explicó que este tipo de equipos también se utiliza en otras áreas, como protección civil, monitoreo de cambios en el terreno, construcción y proyectos de infraestructura. “En este caso, el propósito fue exclusivamente una investigación especial de delincuencia organizada”, reiteró.
El Estado de México es actualmente la entidad con mayor número de delitos registrados en el país. Hasta junio de 2025 acumulaba más de 179.000 carpetas de investigación, lo que representa cerca del 20 % de los delitos cometidos en todo México.
Además de la alta incidencia delictiva, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene una alerta de viaje para esta región por riesgos de delincuencia, secuestro y actividades de grupos armados, lo que refuerza la importancia de las investigaciones conjuntas.
El MQ-9B es la evolución del conocido MQ-9 Reaper, en servicio desde 2007. Su diseño le permite operar a gran altura y durante largas horas, reduciendo la necesidad de personal y optimizando los costos de vigilancia en zonas extensas o de difícil acceso.
Sheinbaum destacó que la solicitud se canalizó a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que mantiene convenios de colaboración con agencias estadounidenses en materia de seguridad. “No es una intromisión, es un acuerdo entre gobiernos”, enfatizó.
La operación también sirvió para reforzar la cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado, un ámbito donde México y Estados Unidos mantienen canales activos de intercambio de información y recursos técnicos.
Aunque la presencia de drones extranjeros en el espacio aéreo mexicano genera debate público, el Gobierno defendió que esta intervención fue puntual, legal y limitada a una misión específica con fines de seguridad nacional.
La SSPC no ofreció más detalles sobre los resultados de la operación ni sobre las posibles detenciones o aseguramientos derivados del sobrevuelo, pero afirmó que el trabajo conjunto con agencias internacionales continuará para enfrentar a las organizaciones criminales.
