Costa Rica comenzará este año la edificación de una prisión de máxima seguridad, inspirada en la megacárcel de El Salvador, como respuesta a la creciente violencia vinculada al narcotráfico. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Gerald Campos, en medio de un clima de inseguridad que preocupa a la población y al gobierno.
El país, históricamente considerado uno de los más seguros de Centroamérica, registró en 2023 la tasa de homicidios más alta de su historia. Los sondeos ubican la inseguridad como la principal preocupación de los costarricenses, lo que convierte el tema en eje central de la campaña para las elecciones nacionales de 2026.
El nuevo complejo penitenciario, denominado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), tendrá capacidad para albergar a 5.100 reclusos. Esto incrementará en un 40 % la capacidad carcelaria del país, que actualmente sufre una sobrepoblación cercana al 30 %.
El ministro Campos advirtió que, sin esta obra, el sistema penitenciario podría colapsar, generando riesgos de motines, toma de rehenes y violencia interna. El proyecto busca aislar a los líderes criminales para impedir que continúen dirigiendo operaciones delictivas desde prisión.
El Salvador colabora directamente con Costa Rica en el diseño y la tecnología de seguridad, replicando en parte el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como pieza clave de su ofensiva contra las pandillas.
El gobierno ha presupuestado la obra en 35 millones de dólares. Aunque los planos y especificaciones técnicas se mantienen en reserva, las autoridades aseguran que el proyecto adoptará estándares de seguridad de última generación.
El CECOT, que sirvió como referencia, tiene capacidad para 40.000 internos y ha sido el emblema de la política de mano dura en El Salvador. La estrategia es señalada por sus defensores como responsable de una drástica reducción de homicidios en ese país.
No obstante, organizaciones de derechos humanos denuncian que en el CECOT se cometen abusos, como condiciones de reclusión inhumanas y muertes no esclarecidas. El gobierno salvadoreño rechaza estas acusaciones y afirma que el centro opera conforme a la ley.
Para Costa Rica, el reto será implementar un sistema que combine alta seguridad con respeto a los derechos fundamentales, evitando que el nuevo centro se convierta en un foco de controversia internacional.
El aumento de la violencia en Costa Rica ha estado ligado a disputas entre bandas de narcotráfico que utilizan el país como punto estratégico en la ruta de la droga hacia Norteamérica. Esto ha derivado en un repunte de homicidios y delitos graves.
Expertos señalan que la construcción del CACCO no resolverá por sí sola el problema de la violencia, pero podría ser una herramienta clave si se combina con políticas de prevención, control de armas y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades confían en que el proyecto esté concluido antes de 2027. Si cumple sus objetivos, podría convertirse en un modelo regional para enfrentar el crimen organizado en condiciones carcelarias más seguras.
La apuesta de Costa Rica refleja un cambio de paradigma en su política de seguridad, alejándose de la visión tradicional del país como un territorio pacífico y apostando por medidas más firmes contra la criminalidad organizada.
