En un giro judicial de alto voltaje, California encabeza una demanda contra el Gobierno federal y el presidente Donald Trump tras la derogación de las normas estatales que prohibían la venta de autos solo a gasolina para 2035. La acción, respaldada por diez estados aliados, busca frenar el retroceso en políticas ambientales y el futuro del sector automotriz en Estados Unidos.
El jueves, Trump firmó tres resoluciones aprobadas por el Congreso para bloquear los mandatos de venta de vehículos eléctricos, las restricciones a motores diésel y las regulaciones de bajas emisiones en California. Esta decisión revierte años de avance climático y pone en jaque la meta estatal de que el 80% de los autos nuevos sean eléctricos o híbridos en la próxima década.
El gobernador Gavin Newsom no tardó en responder: "El ataque despiadado de Trump contra California continúa y, en el proceso, está destruyendo nuestro aire limpio y la competitividad global de Estados Unidos". La demanda fue presentada en un tribunal federal en el norte de California y sostiene que el Ejecutivo vulneró procedimientos legales para evadir la autonomía regulatoria de los estados.
Entre los demandantes figuran Nueva York, Nueva Jersey, Colorado, Massachusetts y Washington, quienes advierten que esta ofensiva legal pone en peligro la salud pública, la innovación tecnológica y la lucha contra el cambio climático. Piden que la derogación federal no tenga efecto sobre las normas estatales ni sobre las exenciones concedidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo la administración Biden.
La industria automotriz, representada por la Alliance for Automotive Innovation, aplaudió la medida de Trump al considerarla un alivio ante objetivos de ventas que califican de inviables. El sector argumenta que los mandatos para 2035 hacían los autos menos asequibles, restringían la elección del consumidor y ponían en desventaja a las fábricas estadounidenses frente a la competencia global.
Por su parte, la EPA rechazó la demanda de California, calificándola de infundada y asegurando que refleja el rechazo ciudadano a las "terribles políticas del estado". Sin embargo, expertos señalan que la derogación reduce notablemente el valor de los créditos de emisiones que benefician a fabricantes como Tesla y debilita la transición hacia una movilidad sostenible.
En paralelo, la Cámara de Representantes impulsa un proyecto de ley para eliminar créditos fiscales de hasta 7.500 dólares en la compra de vehículos eléctricos, imponer nuevas tarifas anuales y relajar los estándares federales de eficiencia. El Senado también debate propuestas que suprimirían sanciones por incumplimiento de los requisitos de ahorro de combustible.
La batalla judicial recién comienza y marcará el rumbo de la descarbonización en Estados Unidos. Mientras los estados insisten en la urgencia de normas ambiciosas, la administración Trump defiende el retorno a regulaciones más laxas y la protección de la industria tradicional. El desenlace, lejos de ser inmediato, impactará en la salud, la economía y el liderazgo tecnológico del país durante años.
Fuentes: Reuters
