El viernes 29 de agosto de 2025 la jueza Jia Cobb detuvo la expansión del programa de deportaciones rápidas promovido por la administración Trump. La orden tiene efecto inmediato y frena el uso extendido de un mecanismo que evita la revisión de un juez de inmigración.
La decisión surge tras la demanda de organizaciones de derechos civiles y grupos de apoyo a migrantes. La magistrada advirtió que el esquema ampliado generaba un riesgo real de expulsar a personas con derecho a permanecer en el país. Señaló que un procedimiento acelerado sin controles adecuados puede producir errores difíciles de revertir.
Antes de este intento de cambio la deportación expedita se aplicaba a detenidos dentro de un radio de 160 kilómetros de la frontera y durante los primeros 14 días desde su ingreso. El nuevo alcance buscaba incluir a quienes llevaban hasta dos años en territorio estadounidense. Ese salto de alcance es el punto que la jueza consideró incompatible con garantías básicas.
En un escrito de 48 páginas la jueza rechazó la tesis de que el ingreso irregular anula derechos procesales. Advirtió que aceptar esa idea abriría una puerta a abusos que afectarían a migrantes y también a ciudadanos. Subrayó que celeridad sin verificación no equivale a justicia.
Donald Trump prometió durante la campaña de 2024 alcanzar un millón de deportaciones por año. En enero de 2025 el Departamento de Seguridad Nacional anunció la expansión del uso de la vía expedita como parte de esa meta. Con el fallo de Cobb ese plan queda en pausa mientras continúan las disputas legales.
La misma magistrada ya había frenado este mes intentos de aplicar la vía acelerada a personas con permisos humanitarios temporales. El contexto muestra un pulso sostenido entre el poder ejecutivo y los tribunales sobre el alcance de la política migratoria y sus límites legales.
