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Inundaciones extremas aumentan en 2024 y se prevé un 2025 aún más desafiante

Las inundaciones extremas aumentaron drásticamente en 2024, dejando a su paso devastación global, con miles de víctimas y pérdidas económicas millonarias. Los eventos climáticos, impulsados por el cambio climático, afectaron a regiones clave como Europa y América Latina. Para 2025, expertos advierten que la situación podría empeorar, obligando a los gobiernos a reforzar sus estrategias de prevención y resiliencia.

Autor - Aldo Venuta Rodríguez

5 min lectura

Inundación extrema cubre una zona urbana con viviendas sumergidas y calles anegadas tras lluvias torrenciales.
Créditos: Pixabay

El año 2024 fue testigo de un aumento preocupante en la frecuencia y severidad de las inundaciones a nivel mundial. Este aumento se atribuye principalmente al cambio climático, que ha intensificado el ciclo hidrológico global, provocando lluvias más intensas y prolongadas. Según estudios meteorológicos, la atmósfera más cálida retiene mayores cantidades de vapor de agua, lo que incrementa la probabilidad de precipitaciones extremas. Además, el deshielo de glaciares y la expansión térmica de los océanos han elevado los niveles del mar, lo que incrementa el riesgo de inundaciones costeras. La combinación de estos factores ha hecho que las inundaciones de 2024 sean más letales y destructivas en comparación con años anteriores.

En España, por ejemplo, la región de Valencia experimentó una de las inundaciones más graves de su historia reciente a finales de octubre. Este evento fue impulsado por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), un fenómeno meteorológico que generó lluvias torrenciales en un corto periodo. La infraestructura urbana no estaba preparada para manejar tal volumen de agua, lo que provocó el colapso de sistemas de drenaje, cortes de energía y transporte. Más de 200 personas perdieron la vida, miles fueron desplazadas y las pérdidas económicas superaron los 500.000 millones de euros. Según Cadena SER, estos eventos se enmarcan dentro de una tendencia creciente de desastres climáticos que afectan a regiones mediterráneas vulnerables.

Por otro lado, el departamento de Chocó, en Colombia, también sufrió inundaciones devastadoras debido al desbordamiento de los ríos Baudó, Atrato y San Juan. Esta región, caracterizada por su alta pluviosidad y falta de infraestructura adecuada, enfrentó la destrucción de viviendas, carreteras y cultivos esenciales para la economía local. Según El País, 37.000 familias resultaron afectadas, lo que agudizó la crisis humanitaria en una zona ya golpeada por el conflicto social y la pobreza estructural. Las inundaciones también incrementaron el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como el dengue y la malaria, lo que generó una emergencia sanitaria adicional.

De cara a 2025, se prevé que la frecuencia y gravedad de las inundaciones aumenten aún más. La Comisión Europea publicó un informe el 4 de febrero de 2025 en el que advierte sobre la necesidad urgente de mejorar la planificación y prevención de inundaciones. El informe revela que solo el 39,5 % de las masas de agua superficiales de la UE se encuentran en buen estado ecológico. Esta situación se ve agravada por la urbanización descontrolada, que reduce las áreas de absorción de agua, y por la deforestación, que disminuye la capacidad natural de mitigación. Expertos subrayan que sin inversiones significativas en infraestructuras resilientes y sistemas de alerta temprana, Europa enfrentará pérdidas humanas y económicas aún mayores en los próximos años.

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En Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) actualizó su Norma Federal de Manejo de Riesgo de Inundación para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante futuros riesgos. Esta normativa revisada incorpora los datos climáticos más recientes, considerando proyecciones que anticipan un aumento del 20 % en las precipitaciones extremas en las próximas décadas. FEMA ha impulsado planes de evacuación, programas de educación pública y estrategias de construcción adaptadas a zonas de alto riesgo, reconociendo que muchas comunidades vulnerables carecen de recursos para enfrentar estos desastres por sí solas.

Por su parte, México se prepara para un 2025 desafiante. Según proyecciones climáticas de Meteored, el verano de 2025 podría estar influenciado por la presencia de La Niña o una fase neutra, lo que aumentaría la probabilidad de ciclones y lluvias intensas, especialmente en las zonas costeras del Pacífico y el Golfo de México. Estas regiones históricamente vulnerables enfrentan riesgos adicionales debido a la falta de infraestructura robusta y a los asentamientos humanos en zonas propensas a inundaciones. El gobierno mexicano ha anunciado planes para reforzar los sistemas de monitoreo meteorológico y mejorar los protocolos de respuesta rápida, aunque los desafíos logísticos y presupuestarios persisten.

En Perú, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ha identificado las áreas más vulnerables a posibles inundaciones durante el verano de 2025. Entre las zonas de mayor riesgo se encuentran las regiones amazónicas y costeras, donde las lluvias intensas podrían desencadenar deslizamientos de tierra y afectar gravemente la infraestructura vial y energética. El gobierno peruano ha comenzado a implementar medidas preventivas, como la construcción de diques y el fortalecimiento de sistemas de alerta comunitaria, con el objetivo de minimizar el impacto humanitario y económico de estos fenómenos.

En conclusión, el aumento de inundaciones extremas en 2024 ha servido como una advertencia clara sobre los efectos del cambio climático. Para 2025, se espera que los esfuerzos globales se centren en fortalecer la resiliencia de las comunidades, mejorar la infraestructura y desarrollar sistemas de alerta temprana. La cooperación internacional será clave para implementar estrategias efectivas de mitigación y adaptación. Las acciones que se tomen hoy serán determinantes para reducir el impacto de estos fenómenos climáticos adversos en el futuro y para proteger a las poblaciones más vulnerables frente a la intensificación de eventos climáticos extremos.

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